El 15 de junio próximo comenzarán a funcionar los primeros tres juzgados de Tránsito y Seguridad Vial en el ámbito de la Corte Superior de Justicia, con lo cual se busca que las víctimas de accidentes vehiculares encuentren un servicio de justicia rápido y eficiente.
Esto será posible en virtud a un convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Poder Judicial, el cual contempla que dichos juzgados también se implementarán en los distritos judiciales de Lima Norte y Sur, según las necesidades y requerimientos de la población.
Los primeros tres juzgados, que estarán ubicados en el jirón Puno, en el Cercado de Lima, beneficiarán a los 14 distritos de Lima Centro como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Breña, Lima, San Isidro, Lince, Miraflores, entre otros, y los situados en la zona este como Ate y San Juan de Lurigancho.
En dichos juzgados se conocerán los procesos penales, civiles y contenciosos administrativos que se originen o deriven única y exclusivamente de accidentes y atropellos ocurridos en el tránsito vehicular en la capital, de acuerdo a la Ley 29391, dictada por el Congreso en julio de 2009.
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, manifestó que se trata de una iniciativa “muy importante”, por cuanto permitirá atender los asuntos de tránsito de manera rápida, efectiva y fácil, “y de esa forma no ejercer decisiones judiciales a través de procesos largos sino breves dentro de lo posible”.
Destacó que los juzgados estarán a cargo de jueces especializados mixtos que, de acuerdo a la citada norma, tendrán la competencia de resolver las causas de los procesos penales vinculados a conductas peligrosas o lesivas a la vida, a la salud, el patrimonio o la seguridad vial, realizadas en el ámbito del tránsito vehicular.
También tienen la facultad de observar los procesos civiles relacionados con la determinación de responsabilidad e indemnizaciones por conductas peligrosas o lesivas en caso de accidente de tránsito, así como de los procesos contenciosos administrativos a las infracciones de tránsito.
Los jueces empezarán su función con carga procesal cero; es decir, no traerán consigo casos empezados que puedan retrasar los procesos, apuntó.
A su turno, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, indicó que los juzgados funcionarán en locales municipales y tendrán todo el apoyo material y logístico de su gestión para que los vecinos cuenten con un servicio judicial eficaz y oportuno.
Recordó que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Perú a nivel de América Latina ocupa el primer lugar en accidentes de tránsito, siendo estos una de las causas más importantes de muerte y discapacidad en Lima y el país.
Asimismo, la comuna precisa que, según el último informe económico de accidentes de tránsito en Lima y Callao de la Defensoría del Pueblo, los accidentes de tránsito ocasionan pérdidas por más de 4 mil millones de soles al año, lo que representa un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
“Esta medida forma parte del interés por reformar el conjunto del transporte y lograr que las personas en Lima puedan viajar en condiciones no solo seguras, sino fluidas. La Municipalidad de Lima y el Poder Judicial se dan la mano para contribuir a poner orden y dar una justicia pronta”, expresó Villarán en conferencia de prensa realizada en la sede municipal.
Locales judiciales
Mendoza anunció que también se está trabajando con la comuna capitalina la situación de peligrosidad, hacinamiento y tugurización que registran algunos locales judiciales y que han sido declarados en emergencia.
Explicó que para ello su sector elaborará un proyecto denominado el Eje Judicial, que se implementará a lo largo de la avenida Nicolás de Piérola, comenzando por el edificio Alzamora y culminando en la avenida Tacna.
“Con esto se busca embellecer y restaurar los edificios a lo largo de las zonas antes señalada, lo cual irá acompañado de seguridad, que ya viene adoptando la comuna. Esto permitirá tener edificaciones embellecidas”, dijo.
La Municipalidad, con apoyo de especialistas de Defensa Civil, evalúa algunos locales que no están en condiciones de brindar el servicio, comentó Mendoza, al señalar que esta iniciativa favorecerá no solo al personal sino a los ciudadanos, litigantes y abogados que frecuentan esos lugares.
Fuente: [Andina].
