La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad establecida por el Congreso de Washington para gerenciar el manejo de la deuda de Puerto Rico, demandó este lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para forzarlo a reducir la jornada laboral en el sector público.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad establecida por el Congreso de Washington para gerenciar el manejo de la deuda de Puerto Rico, demandó este lunes al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para forzarlo a reducir la jornada laboral en el sector público.
El recurso, presentado ante el tribunal de distrito federal de Puerto Rico, pide a la justicia una "sentencia declaratoria e interdicto para hacer cumplir el plan fiscal", señala la JFS en un comunicado.
La acción judicial ante la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la bancarrota de Puerto Rico con una deuda pública superior a los 70.000 millones de dólares, exige al gobernador que recorte dos días mensuales la jornada laboral de los empleados públicos y reduzca en un 10% las pensiones.
Según se estableció en el plan fiscal aprobado en marzo pasado, ambas medidas deberían entrar en vigor a partir del viernes 1 de septiembre.
Pero el mandatario se niega a acatarlas porque, asegura, estos recortes tendrán un impacto negativo en la economía.
La demanda de la JSF "no es una sorpresa", dijo el gobernador en conferencia de prensa en San Juan.
"Nosotros estamos ejecutando todo el plan fiscal y la reducción de jornada laboral era una recomendación que se había puesto como enmienda dentro del plan fiscal", prosiguió, añadiendo que tal medida "no es necesaria".
"La ley dice bien claro lo que es una recomendación, el gobernador va a tener el espacio para contestar".
La JSF es un organismo de siete miembros que fue creado mediante la legislación Promesa, aprobada por el Congreso en Washington en 2016, con la misión de ayudar al gobierno de Puerto Rico -un estado libre asociado de Estados Unidos- a reestructurar su deuda tras una década de recesión.
Pero Rosselló alega que la Junta no puede imponer unilateralmente medidas como estas.
Si se lleva a cabo, la reducción de la jornada laboral afectará a unos 150.000 empleados públicos hasta que concluya el 30 de junio el año fiscal vigente 2017-2018. Solo los miembros de la policía de Puerto Rico quedarán exentos.
La JSF ha reclamado al gobernador Rosselló Nevares reducir en 218 millones de dólares el gasto público disminuyendo la estructura del gobierno.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, anticipó que la reducción de la jornada permitirá ahorrar al gobierno puertorriqueño 188 millones de dólares en el año fiscal en curso.
"La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento", aseguró Jaresko.
Jaresko, quien fuera ministra de Finanzas de Ucrania, consideró que se trata de una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico.
La reforma de pensiones gubernamentales alcanzará a unos 125.000 pensionados.
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