Panamá pide ingresar a la convención de la OCDE para intercambio fiscal

Panamá solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ingresar a una convención de este organismo para el intercambio de información fiscal, dijo este viernes la cancillería.

La vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, envió una nota al presidente del foro global, Ángel Gurría, donde expresa el interés de Panamá en formar parte de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, conocida por su sigla en inglés, MAC.

Según un comunicado de la cancillería, Panamá quiere formar parte de esa convención "con el propósito de fortalecer su compromiso de mantener su plataforma de servicios cónsona (en consonancia) con los estándares y requerimientos internacionales".

La convención tiene como propósito facilitar la implementación de iniciativas internacionales en materia de transparencia e intercambio de información.

El sistema financiero de Panamá fue duramente criticado por la OCDE tras la publicación en abril de los llamados papeles de Panamá, una filtración masiva de documentos que revelan cómo desde una firma panameña de abogados se crearon sociedades off-shore en todo el mundo, algunas para presuntamente evadir impuestos o realizar negocios ilícitos.

Tras esa publicación, Francia reincorporó a Panamá en una lista de paraísos fiscales y la OCDE acusó al país latinoamericano de no cooperar con el combate contra el lavado de dinero.

Desde entonces, Panamá se comprometió a acelerar reformas internas para mejorar el combate a la evasión fiscal y a intercambiar información de manera bilateral.

Con un canal interoceánico por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, además de zonas francas, puertos, un sistema logístico y bancario robusto, Panamá ha alcanzado un crecimiento económico superior al 6% anual en los últimos años, uno de los mayores de la región.

Luego de ser considerado paraíso fiscal, Panamá adoptó reformas para la eliminación del uso de acciones al portador, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas y firmó una treintena de tratados bilaterales sobre información financiera.