Los estados brasileños en crisis podrán renegociar sus deudas con la Unión

El Congreso de Brasil aprobó este martes una ley que permite a los estados próximos a la bancarrota, como Rio de Janeiro, renegociar sus deudas con la Unión, en medio de una severa recesión económica nacional.

El proyecto de ley extiende por 20 años el plazo para saldar la deuda de los Estados brasileños con la Unión y permite, para aquellos en situación de "calamidad financiera", suspender la deuda por tres años a condición de que aprueben un plan de recuperación.

Además de Rio de Janeiro (sudeste), el segundo estado más rico del país, Minas Gerais (sudeste) y Rio Grande do Sul (sur) decretaron el estado de "calamidad financiera" este año.

El gobierno conservador de Michel Temer, que lleva adelante un severo ajuste fiscal para sanear las cuentas públicas, pretendía que el proyecto incluyese otras contrapartidas para esos estados en situación crítica, como la prohibición de crear nuevos cargos o aumentar los salarios de funcionarios públicos.

Pero esas disposiciones, que habían sido incorporadas por el Senado, fueron retiradas por la Cámara de Diputados y serán definidas por futuras leyes a nivel de cada estado.

La crisis económica, que provocó una caída del PIB brasileño deL 3,8% en 2015, y que debe prolongarse con una contracción de 3,5% en 2016, así como la caída de los precios del petróleo, llevaron a Rio a declararse en bancarrota poco antes de los Juegos Olímpicos de agosto.

Para garantizar el evento internacional, el gobierno federal le extendió un auxilio millonario, pero las cuentas del Estado continúan en rojo. Su déficit previsto para este año será de 17.500 millones de reales (5.400 millones de dólares).

La Asamblea Legislativa de Rio aplazó hasta 2017 el debate sobre un paquete de austeridad que había provocado violentas protestas. Sus medidas incluyen descuentos sobre las jubilaciones, aumentos de las tarifas del transporte público y recortes de programas asistenciales para los más pobres.

Temer, que asumió la presidencia este año tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, consiguió por su parte que el Congreso aprobara la semana pasada la congelación de los gastos públicos durante 20 años y prevé una reforma del sistema de pensiones y jubilaciones.