Desde Luxemburgo (AFP)
La justicia europea valida el sistema de arbitraje del acuerdo UE-Canadá
La justicia europea estimó este martes que el sistema de arbitraje previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA, es conforme al derecho comunitario, en respuesta a las dudas expresadas por Bélgica.
30 de abril de 2019

Una activista protesta contra el acuerdo comercial CETA entre la Unión Europea y Canadá el 20 de septiembre de 2017 en Viena - AFP/AFP/Archivos
La justicia europea estimó este martes que el sistema de arbitraje previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Canadá, conocido como CETA, es conforme al derecho comunitario, en respuesta a las dudas expresadas por Bélgica.
"El mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados previsto por el acuerdo de libre comercio (...) es compatible con el derecho de la Unión", indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En octubre de 2016, el gobierno federal belga se comprometió ante el parlamento regional de Valonia a llevar el acuerdo comercial ante el alto tribunal europeo, en uno de los compromisos que permitió desbloquear la firma del CETA días después.
La petición de una opinión jurídica se centró en la "compatibilidad" con el derecho comunitario de este sistema de tribunales de inversiones, conocido como ICS por sus siglas en inglés, que la UE espera poner en marcha en todos sus acuerdos comerciales.
"La opinión del tribunal confirma nuestras ambiciones", se felicitó el canciller belga, Didier Reynders, para quien, "a largo plazo", este "se convertirá en el órgano jurídico competente para resolver los conflictos entre los inversores y Estados".
El CETA entró en vigor, sin embargo, de manera provisional y parcial en septiembre de 2017, a la espera de un largo proceso de ratificación por todos los parlamentos de la UE.
El sistema de arbitraje de controversias, que no entró todavía en vigor y que permite a los inversores demandar a los Estados si adoptan una política que consideran contraria a sus intereses, es muy criticado por algunas oenegés.
Este controvertido mecanismo permitió a la tabacalera Philip Morris demandar a Uruguay por su política antitabaco o al gigante de la minería Oceanagold denunciar a El Salvador por no concederle un permiso de explotación por motivos medioambientales.