Un tribunal español exime a una empresa sueca de pagar por el desastre ecológico de Aznalcóllar

Un tribunal español rechazó este viernes la petición del gobierno regional de Andalucía (sur) que reclamaba 89 millones de euros (98 millones de dólares) al grupo sueco Boliden por la limpieza tras la catástrofe ecológica en una mina en Aznalcóllar en 1998.

La sentencia en primera instancia y que puede ser recurrida, a la que tuvo acceso la AFP, fue emitida 25 años después de la rotura de un embalse que provocó el vertido de más de cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminados con metales pesados de la mina a un río, en una de las peores catástrofes medioambientales en España.

"Desestimo la demanda formulada por la Junta de Andalucía (el gobierno regional) contra Boliden (...) absolviendo en su consecuencia a (Boliden) de las pretensiones formuladas en su contra", indicó la sentencia de un tribunal en Sevilla.

El grupo sueco, que siempre negó su responsabilidad y señaló a su vez a una filial de la constructora española Dragados que construyó el embalse, se congratuló en un comunicado de la sentencia.

"La decisión del tribunal confirma nuestra opinión de que los extensos esfuerzos de limpieza que llevó a cabo Boliden y la compensación en el momento del accidente fueron satisfactorios y que, por lo tanto, Boliden actuó con prontitud y de manera responsable", señaló en el comunicado su presidente, Mikael Staffas.

En su decisión, el juez José Manuel Martínez Borrego señala que, a la vista de la jurisprudencia, la legislación y las condiciones de explotación de la mina por parte de Boliden, no existe "la obligación de restaurar las cosas al estado en que se encontraban" antes del inicio de las actividades en la zona.

Por lo tanto, la empresa no tiene que hacerse responsable por los 89 millones de euros que fue lo que costó, según las autoridades andaluzas, la limpieza de la zona.

El juicio se abrió el 4 de julio en el juzgado civil de Sevilla tras años de procesos judiciales penales que concluyeron en 2002 con el sobreseimiento de las denuncias penales presentadas contra Boliden por las autoridades andaluzas, el gobierno español y oenegés como Ecologistas en Acción.

Ese mismo año, la región de Andalucía interpuso una demanda civil contra el grupo sueco.

Pero esta se retrasó por una serie de recursos de Boliden, hasta que en 2012 el Tribunal Supremo ordenó relanzar la investigación.

Al abrirse el juicio, las autoridades de Andalucía dijeron esperar "que se haga justicia en uno de los mayores desastres ecológicos que ha conocido Europa".