Organizaciones sindicales de Argentina lanzaron este jueves una serie de movilizaciones en rechazo a los aumentos de tarifas de transporte, agua, gas y electricidad anunciados por el gobierno de Mauricio Macri.
Organizaciones sindicales de Argentina lanzaron este jueves una serie de movilizaciones en rechazo a los aumentos de tarifas de transporte, agua, gas y electricidad anunciados por el gobierno de Mauricio Macri.
"Este es un conglomerado de sindicatos que está dispuesto a estar en la calle para evitar que sigan esquilmando el bolsillo de los argentinos. Es defender el derecho a no tener que dejar de comer para pagar las tarifas", dijo el sindicalista docente Hugo Yasky en rueda de prensa.
El plan incluye "acciones judiciales contra el tarifazo", dijo, además de una serie de marchas de velas y antorchas durante las vacaciones estivales, comenzando el próximo 10 de enero en Buenos Aires y que seguirá los sucesivos jueves en las ciudades de Rosario, Mar del Plata y Mendoza.
En un golpe al poder adquisitivo en un año electoral, el gobierno anunció el jueves pasado un fuerte aumento en las tarifas de servicios públicos para 2019, en un país en recesión, con creciente desempleo y con una inflación de casi 50% este año, muy por arriba del promedio de 30% de aumento de los salarios.
En Buenos Aires, los aumentos serán de entre 38,5% y 42% en transporte, 35% en gas y 55% en electricidad y 48,5% en agua corriente. Este viernes habrá un 'cacerolazo' en la céntrica Plaza de mayo contra el 'tarifazo', convocado por las redes.
"Saquemos la queja a la calle", dijo Yasky, líder de una de las dos alas de la central de Trabajadores Argentinos (CTA), ambos sectores impulsores de la protesta junto a la Corriente sindical federal.
La mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT), menos combativa, no se pronunció sobre el plan de manifestaciones.
"Arrancamos el año como terminamos, en el camino de la unidad de acción para resistir las medidas de ajuste", apuntó Pablo Micheli, dirigente de la CTA Autónoma.
Los sindicalistas advirtieron además que rechazarán "cualquier intento de flexibilización laboral" que impulse el gobierno, una de las medidas sugeridas por el Fondo Monetario internacional (FMI) al otorgar a Argentina en 2018 un crédito 56.000 millones de dólares.
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