Negociación para terminar huelga en Costa Rica cae en punto muerto

Las negociaciones para levantar una huelga de trabajadores del sector público de Costa Rica cayeron este lunes en un punto muerto, luego de que los sindicatos rechazaron un acuerdo mediado por la Iglesia católica para deponer el paro.

El dirigente sindical Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores, una de las organizaciones en huelga, dijo que los trabajadores "formalizaron" el fin de las negociaciones en un encuentro este lunes con el gobierno.

Las dos partes habían alcanzado la madrugada del sábado un acuerdo preliminar para levantar la huelga, iniciada el 10 de septiembre contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en el Congreso.

Sin embargo, el acuerdo fue rechazado al ser sometido a las bases sindicales, por lo que la paralización continúa y entró este lunes en su cuarta semana.

El arzobispo de San José, José Rafael Quirós, anunció que la iglesia suspendería su papel de mediador en el diálogo, después de casi 100 horas de negociaciones.

En la reunión de este lunes, el ministro de Trabajo, Steven Núñez, dijo que el gobierno daría un plazo de una semana para que los sindicatos que quieren adherir al acuerdo logrado el fin de semana lo puedan hacer.

El pacto establece que los funcionarios que reanuden sus labores no serán sancionados con descuentos salariales por los días que no trabajaron, y abre la negociación de medidas de interés de los sindicatos para complementar la reforma fiscal.

En tanto, la Asamblea Legislativa (parlamento) comenzó a votar este lunes en forma acelerada las mociones de reforma al proyecto fiscal.

De unas 370 mociones presentadas, el plenario legislativo votó 60, y pretende continuar las votaciones los próximos días, con la intención de aprobar la reforma la próxima semana.

El proyecto busca contener el creciente déficit fiscal de 6,2% del PIB -que podría alcanzar 7,2% este año sin la reforma, según el Banco Central- sustituyendo el actual impuesto sobre las ventas de 13% por un impuesto al valor agregado por el mismo porcentaje pero que incluiría servicios hoy excluidos.

También establece un gravamen de 1% sobre la canasta básica.

Los sindicatos alegan que la reforma carga los nuevos tributos sobre los sectores de menos ingresos, aunque el gobierno asegura que 80% de los nuevos impuestos recaen sobre el 20% más rico de la población.