Juicio en Birmania a un consejero económico australiano de Aung San Suu Kyi

Un economista australiano que durante mucho tiempo fue consejero de la exdirigente birmana Aung San Suu Kyi, acusado de haber querido salir de Birmania con información sensible tras el golpe de Estado, compareció este jueves ante un tribunal.

Sean Turnell, profesor en la universidad australiana de Macquarie, fue arrestado en los días posteriores al golpe militar orquestado el 1 de febrero contra Aung San Suu Kyi, premiada con el Nobel de la Paz en 1991.

Detenido desde entonces en la prisión de Insein, en Rangún, junto a numerosos presos políticos arrestados en los últimos meses, apareció "frágil y cansado" ante el tribunal, indicó Khin Maung Zaw, un abogado presente en la audiencia.

En julio, su esposa reclamó su liberación, preocupada por su salud, en medio de un repunte de la epidemia de covid-19 en el país.

No se han publicado los cargos de que se acusa a Sean Turnell, pero los medios oficiales declararon que tuvo acceso a "informaciones financieras secretas del Estado" y que había intentado huir del país.

El golpe de Estado del 1 de febrero puso fin a un breve paréntesis democrático de una década y sumió a Birmania en el caos.

Desde entonces, los militares han llevado a cabo una sangrienta represión de los opositores, con más de 1.100 civiles muertos y casi 7.000 detenidos, según una oenegé local, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), que ha reportado casos de tortura, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

El balance de la junta es mucho menor.

Aung San Suu Kyi, de 76 años, se encuentra en arresto domiciliario desde hace casi ocho meses y contra ella se han abierto multitud de procesos judiciales.

Está siendo juzgada por incitación a perturbar el orden público, violación de las restricciones sanitarias relacionadas con el covid-19, importación ilegal de walkie-talkies y sedición.

A partir del 1 de octubre, también comparecerá por corrupción.

Si fuera declarada culpable, podría ser condenada a una larga pena de prisión.

El ejército justificó el golpe alegando fraudes en las legislativas del pasado noviembre, que el partido de Aung San Suu Kyi ganó de forma masiva.

Tras anular esos comicios, los militares prometieron que, antes del verano de 2023, se celebrarían nuevas elecciones.