Indígenas protestan en Ministerio de Ambiente por muerte de activista hondureña

Miles de indígenas protestaron este viernes en Honduras contra el Ministerio del Ambiente, institución que concedió el permiso a una empresa para construir una represa hidroeléctrica cuyo personal había amenazado a la asesinada ambientalista Berta Cáceres, constataron periodistas de la AFP.

Cerca de 3.000 indígenas y negros, según sus propias estimaciones, salieron desde el club social del sindicato de la cervecería hacia la Corte Suprema de Justicia y luego a la sede de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) exclamando "justicia, justicia", "Berta vive, la lucha sigue" y "Berta no murió, se multiplicó".

Cáceres, de 44 años, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del pasado 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en La Esperanza, oeste, donde también balearon al mexicano Gustavo Castro.

Miriam Miranda, activista del movimiento social de los negros garífunas, explicó a periodistas que llevaron su protesta a la secretaría ambiental para exigir el fin de los proyectos hidroeléctricos.

"Que Serna, que es la que da las licencias ambientales para que se exploten los bienes comunes en el país, nos dé cuentas del proyecto Agua Zarca en el territorio lenca. Estamos demandando que no se sigan" estos proyectos, demandó Miranda, durante la protesta de los indígenas y negros frente a la dependencia.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, luego de recibir amenazas por oponerse, junto a los indígenas lencas, a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el territorio indígena de Agua Zarca.

La comunidad internacional, gobiernos y organismos, como Estados Unidos y la Unión Europea, han condenado el crimen aunque las autoridades hondureñas no tienen respuesta acerca de los culpables.

La familia de Cáceres y miembros del Copinh denunciaron que las autoridades apuntan las investigaciones a conflictos internos en la organización para exonerar a los verdaderos culpables, las empresas hidroeléctricas.