Gobierno panameño hablará con indígenas por polémica hidroeléctrica

El gobierno de Panamá iniciará el próximo sábado junto a la ONU un diálogo con los indígenas y la empresa afectada por la cancelación de un polémico proyecto hidroeléctrico rechazado por los nativos, informó la Cancillería este jueves.

Una delegación de la Comisión de Alto Nivel creada por el gobierno de Juan Carlos Varela se "estará trasladando este sábado al distrito de Tolé (Oeste), para la instalación formal de la Mesa de Diálogo sobre el proyecto Barro Blanco", aseguró una nota.

El pasado 9 de febrero el gobierno de Panamá ordenó la suspensión temporal de las obras del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Según las autoridades panameñas, la suspensión del proyecto, que lleva construido un 95% y está financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue por incumplimientos ambientales de la empresa a cargo de las obras.

Con la facilitación de las Naciones Unidas, el gobierno panameño buscará ahora dialogar con los indígenas y la empresa para buscar una solución que permita reanudar las obras.

"El hecho de sentarnos todos a dialogar representa un paso más, que estamos avanzando hacia la solución", aseguró en un comunicado la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, quien dirge la comisión gubernamental.

El gobierno espera alcanzar con las pláticas un "consenso que tome en cuenta los derechos humanos, la protección de los pueblos originarios, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la seguridad jurídica de la nación panameña".

Indígenas de la comarca Ngöbe Buglé (oeste) han protestado en los últimos años, protagonizando incluso enfrentamientos con la Policía, contra Barro Blanco ya que temen la inundación y violación de sus territorios, además de la destrucción del río Tabasará (Chiriquí), donde se levanta el proyecto.

Por otra parte, Generadora del Itsmo, S.A (Genisa) e Hidráulica de San José S.A., las empresas panameñas que realizan el proyecto, temen que una paralización prolongada termine por imposibilitar la obra, lo que les conllevaría pérdidas superiores a 130 millones de dólares y demandas millonarias contra el Estado panameño.

Una vez en funcionamiento la hidroeléctrica produciría 28 megawatios, según sus responsables.