Colombia: Tribunal pide que protección ambiental sea parte de diálogos de paz

El Consejo de Estado, principal tribunal de lo contencioso-administrativo de Colombia, pidió este lunes al gobierno que la "protección del ambiente" sea incluida dentro de los temas de la negociación de paz que se desarrolla desde 2012 en Cuba con la guerrilla de las FARC.

"El Consejo de estado le solicitó al gobierno nacional incluir la protección del ambiente sano, los bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y la naturaleza en las agendas para la paz que están en curso en La Habana (Cuba), y que se tengan en cuenta en cualquier negociación con grupos insurgentes", según un comunicado del organismo.

Asimismo, el tribunal pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que "evalúe si es procedente investigar a la organización insurgente FARC y a aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos" tras un atentado ocurrido en 1996 en el sur de país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) sostienen en Cuba diálogos de paz desde noviembre de 2012 con el gobierno, sin que se haya decretado un cese al fuego bilateral en el terreno.

Aunque la resolución del Consejo de estado se refiere a un hecho ocurrido hace casi 20 años, en las últimas semanas la guerrilla ha sido fuertemente criticada por daños medioambientales que ha ocasionado en medio de un incremento de su ofensiva, especialmente con atentados contra la infraestructura petrolera que han provocado derrames de crudo y contaminado ríos.

Según el tribunal, "los bienes ambientales están protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que tales situaciones representaron la violación del artículo 55 del Convenio I de Ginebra, que regula los conflictos armados internacionales y establece que 'en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves'".

Este pronunciamiento del Consejo de estado forma parte de una resolución en la que se declaró responsable al ministerio de Defensa "por la muerte de un miembro del Ejército encargado de la protección del oleoducto transandino cuando fue víctima de la emboscada" en 1996.

Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.