Desde Bruselas (AFP)

Una huelga paraliza el transporte público en Bélgica

La actividad económica, los servicios públicos así como los transportes se veían muy afectados este lunes en Bélgica por una nueva huelga contra las medidas de austeridad que quiere impulsar el nuevo gobierno de derecha.

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Pasajeros del aeropuerto de Bruselas observando los vuelos cancelados por una huelga contra las medidas de austeridad que pretende imponer el gobierno, el 8 de diciembre de 2014 - AFP/AFP
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La actividad económica, los servicios públicos así como los transportes se veían muy afectados este lunes en Bélgica por una nueva huelga contra las medidas de austeridad que quiere impulsar el nuevo gobierno de derecha.

La huelga de este lunes se inscribe en una serie de movimientos de protesta por provincias lanzados hace dos semanas y que culminarán el próximo lunes con una huelga general en todo el reino.

Este lunes, el movimiento se centraba en las provincias del Brabante Valón y del Flamenco, las dos regiones que rodean Bruselas, así como la capital belga.

En total 267 vuelos que partían del aeropuerto de Bruselas fueron anulados, el equivalente del 44% del tráfico aéreo previsto, según una portavoz.

Los ferrocarriles estaban fuertemente afectados. Todos los trenes de la línea que une Francia a Bélgica, Holanda y Alemania fueron anulados. Los trenes provenientes de Londres hacia Bruselas se detenían en la ciudad francesa de Lille, cerca de la frontera con Bélgica.

Este lunes por la mañana, ningún tren nacional circulaba en Bruselas y las dos provincias, indicó la compañía de ferrocarriles belga SNCB. El movimiento comenzó el domingo por la noche y afectará los transportes hasta el martes por la mañana.

En la capital los transportes públicos -metro, tranvía y ómnibus- no funcionaban. Ningún ómnibus circulaba en el Brabante Valón y el Flamenco.

Los huelguistas instalaron además piquetes para bloquear los accesos a las zonas industriales y organizaron bloqueos en los ingresos de la capital.

Las escuelas y servicios públicos estaban también afectados.

Los sindicatos denuncian un programa de reformas cuyo objetivo es recortar gastos por 11.000 millones de euros en cinco años. El gobierno también impulsa retrasar para 2030 la edad de jubilación pasando de 65 a 67 años. También denuncian la intención de desvincular en 2015 los salarios a la evolución de la inflación.



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