Un tribunal francés reconoce la responsabilidad del Estado por un antiepiléptico que causa malformaciones congénitas

La justicia francesa reconoció por primera vez este jueves la responsabilidad del estado en el escándalo del Depakine y le condenó a indemnizar a tres familias cuyos hijos nacieron con severas discapacidades después de haber sido expuestos 'in utero' a este antiepiléptico.

El tribunal de Montreuil, al este de París, estimó que la farmacéutica francesa Sanofi y los médicos que prescribieron este fármaco a mujeres embarazadas eran también responsables, pero en menor medida.

El estado francés deberá pagar a cada familia una indemnización de entre 20.000 euros (22.500 dólares) y 290.000 (326.000 dólares), en función de la fecha de nacimiento de los cinco niños afectados, que actualmente tienen entre 11 y 35 años.

El estado francés "no cumplió con su deber de control al no tomar las medidas apropiadas", señaló el tribunal en una declaración.

Cuando una mujer embarazada toma este medicamento, su hijo tiene un alto riesgo --del orden del 10%-- de nacer con malformaciones, así como un mayor riesgo de autismo y retrasos intelectuales y/o motores, que puede afectar a hasta un 40% de fetos.

Según diferentes estudios, entre 15.000 y 30.000 niños nacieron en Francia con discapacidades a causa del valproato de sodio, una molécula presente en el Depakine y utilizada contra la epilepsia y los trastornos bipolares.

"Celebro la condena del Estado, que esperábamos", dijo Marine Martin, presidenta de la asociación APESAC que representa a 7.000 familias de víctimas.

Durante una audiencia el miércoles pasado, el experto asesor del tribunal dijo que el estado conocía desde 1983 los riesgos de las malformaciones y desde 2004 los problemas de aprendizaje y el autismo.

Sanofi se enfrenta a cargos separados de fraude agravado y de lesiones involuntarias, aunque en el sistema jurídico francés los cargos no significan automáticamente que el caso llegue ante una corte, ya que los fiscales podrían decidir no ir a juicio.

La empresa farmacéutica ha negado cualquier acto ilícito, diciendo que advirtió a las autoridades sanitarias de los riesgos del fármaco desde la década de 1980.