Entra en vigor Acuerdo de Escazú, primer pacto ambiental de América Latina

El "Acuerdo de Escazú", el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en su tipo que defiende los derechos humanos de los ambientalistas, entró en vigor este jueves en los 12 países que lo han ratificado.

Cuando se celebra el Día de la Tierra, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de Naciones Unidas, se realizó la ceremonia de inicio de este acuerdo, el primero en introducir disposiciones específicas para proteger los derechos humanos de los defensores de la naturaleza en América Latina, donde son asesinados el 60% de los ambientalistas del mundo.

"En 2019 hubo 210 defensores ambientales asesinados en el mundo, dos tercios en nuestra región, y en el 2020 ha sido peor", afirmó Alicia Bárcena, secretaria general de la Cepal, organismo que ha impulsado este acuerdo junto a Costa Rica.

El convenio protege el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, empodera a las personas y comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas y territorios, según la Cepal.

En un mensaje grabado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó que la entrada en vigencia de este acuerdo "da esperanza e inspiración y pavimenta el camino para una regulación sostenible y resiliente" para frenar el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del ambiente natural.

En 2018, el Acuerdo fue adoptado inicialmente por 21 países en Escazú, al suroeste de San José, en Costa Rica. Luego se unieron tres países más y 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor en estos países.

Los países que lo ratificaron fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Chile fue junto a Costa Rica uno de los principales promotores de este acuerdo, pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció en septiembre pasado que no suscribiría el pacto al considerarlo "ambiguo" e "impreciso" en las obligaciones a las que compromete a sus países signatarios.