Con su capacidad para recaudar impuestos y disponer de ellos libremente, el País Vasco es una referencia para Cataluña. Pero la negativa de Madrid de concederle este privilegio ha alimentado el secesionismo en la región en los últimos años.
Con su capacidad para recaudar impuestos y disponer de ellos libremente, el País Vasco es una referencia para Cataluña. Pero la negativa de Madrid de concederle este privilegio ha alimentado el secesionismo en la región en los últimos años.
"¿Por qué los vascos sí y los catalanes no?", resumía recientemente el diario barcelonés La Vanguardia.
En España, el estado central recauda la mayor parte de los impuestos y luego reparte lo percibido entre las 17 regiones que lo componen. Las únicas excepciones son el País Vasco y la vecina Navarra, que recaudan directamente los tributos de sus contribuyentes y deciden por su cuenta en qué gastan el dinero.
La participación de ambas regiones en los gastos del estado central son mínimas, y se limitan por lo esencial a Defensa y a un fondo de solidaridad entre regiones. Igualmente, se les reembolsa una parte de lo recaudado a través del IVA.
El resultado de todo esto es que "el gasto público en el País Vasco es el doble en comparación con el resto de España. Es una desigualdad insoportable, y tiene algo que ver con el problema catalán", explica Alain Cuenca, especialista en financiación regional en la Universidad de Zaragoza.
Vascos y navarros pueden presumir de ricos, ya que junto con la región de Madrid ocupan los tres primeros puestos en renta per cápita de España.
- Una tensión creciente -
En los últimos meses no ha parado de aumentar la tensión en Cataluña, donde el gobierno independentista ha convocado para el 1 de octubre un referendo de autodeterminación prohibido por la justicia española.
Los privilegios fiscales del País Vasco, instaurados en el siglo XIX y parcialmente abolidos durante la dictadura franquista, fueron restablecidos por la Constitución democrática de 1978.
Una decisión que, según varios expertos preguntados por AFP, se tomó en parte bajo la presión de los atentados de ETA, que por entonces mataba cada año a decenas de personas.
Ante ese sistema tan ventajoso, "hay una percepción de injusticia por parte de muchos ciudadanos en Cataluña", afirma Joan Botella, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Máxime cuando Cataluña aporta casi un 20% del PIB español, frente al 6% del País Vasco.
Además, ocurre a menudo que el gobierno vasco se niega a pagar lo que debe al estado central, sin que haya sanciones, apunta Cuenca. "Los aviones militares, por ejemplo, hay que pagarlos, pero cuando no están de acuerdo [con la suma], no pagan".
Los catalanes, por su lado, entregan al estado más dinero del que reciben: unos 10.000 millones de euros, según Madrid, 16.000 millones, según Barcelona.
La cuestión fiscal "no es la única motivación del movimiento independentista, pero ha sido un elemento muy importante", recuerda Botella.
- Cálculo equitativo -
El argumento fiscal se convirtió en un mantra con la elección de Artur Mas como presidente de Cataluña en 2010. Dos años más tarde propuso solemnemente al gobierno central un nuevo acuerdo fiscal, calcado sobre el modelo vasco.
Ante el rechazo del presidente Mariano Rajoy, confrontado a una dura crisis económica desde que llegó al poder, en dociembre 2011, Mas convocó elecciones anticipadas, que ganó en 2013 con la promesa de organizar un referendo de autodeterminación, una idea defendida hasta entonces únicamente en los círculos independentistas más radicales.
La frustración "ha desempeñado un papel significativo" en el ascenso del independentismo en Cataluña, comenta Caroline Gray, experta en movimientos secesionistas españoles en la británica Universidad de Aston.
Según ella, "va más allá del aspecto financiero, no se trata sólo de pedir dinero para Cataluña, se trata de pedir el poder de decidir. Es una cuestión de control y de autoridad".
Con su autonomía fiscal, los vascos tienen una relación con Madrid que "ninguna fuerza política desde Cataluña podría establecer nunca con el gobierno español", constataba en septiembre el actual presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont.
"El problema es que el sistema vasco no puede extenderse a los catalanes mientras no se calcule de forma más equitativa", asegura Alain Cuenca.
Y es que, según él, "si se hace lo mismo con Cataluña, España quiebra", al ser aquélla una región más grande y con una economía mayor.
La revisión del sistema sería especialmente difícil para un Mariano Rajoy en minoría en el Parlamento español y dependiente de los cinco diputados vascos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
A pocos días de un referendo que desata pasiones, "las cuestiones económicas son vistas como poco importantes. Pero cuando el humo se disipe (...) la solución deberá comportar elementos distintos, y uno de ellos será ciertamente el fiscal", pronostica Joan Botella.
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