Desde Quito (AFP)

Ecuador renegociará con las telefónicas el uso del espectro 4G

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el sábado que renegociará la concesión de la banda 4G con las empresas de telefonía móvil que operan en el país.

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Un centro de venta de telefonía móvil de la empresa Claro, en Río de Janeiro, en una imagen del 20 de julio de 2012 - AFP/AFP/Archivos
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El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el sábado que renegociará la concesión de la banda 4G con las empresas de telefonía móvil que operan en el país.

Con un 67% del mercado ecuatoriano, Claro, del grupo América Móvil, del magnate mexicano Carlos Slim, es el principal proveedor del servicio de telefonía móvil, por delante de Movistar, de la española Telefónica, con el 30%, y de la estatal ecuatoriana CNT (2,5%).

"Vamos a renegociar la banda 4G y nosotros vamos a cuidar los intereses del país", expresó Correa durante su informe semanal de labores desde la provincia amazónica de Napo (este).

"Nos estamos preparando para esa negociación y para eso necesitamos saber cuánta platita (dinero) han ganado" las telefónicas, agregó.

En el país hay "17,6 millones de abonados" y "90% de la población tiene un celular", indicó el mandatario.

El jueves, Correa escribió en su cuenta de twitter que Ecuado4 ganó "en última instancia un juicio a Claro. (la empresa) tendrá que pagar impuestos eludidos hasta 2006 y 29 millones (de dólares) en utilidades a sus trabajadores".

La firma Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (CONOCEL, a cargo de Claro) fue sentenciada por la corte nacional de Justicia (CNJ) a pagar 123 millones de dólares a Ecuador por impuestos no pagados entre 2003 y 2006.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) precisó que, en julio de 2013, la multinacional pagó unos 113 millones de dólares y que los 123 millones adicionales "corresponden al saldo de la deuda".

En marzo, la justicia ecuatoriana suspendió temporalmente una multa de 138,5 millones de dólares que un órgano de control de mercado había impuesto a la telefónica por afectar la libre competencia.




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