Una corte mexicana ordenó suspender la construcción de un nuevo aeropuerto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa tras haber cancelado la construcción de otra millonaria terminal, informó este viernes el colectivo ciudadano que interpuso la demanda judicial para bloquear ese proyecto.
Una corte mexicana ordenó suspender la construcción de un nuevo aeropuerto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa tras haber cancelado la construcción de otra millonaria terminal, informó este viernes el colectivo ciudadano que interpuso la demanda judicial para bloquear ese proyecto.
La suspensión se mantendrá mientras se resuelve el amparo presentado por un grupo de empresarios y organizaciones civiles agrupados en el colectivo #NoMásDerroches que dicen no oponerse al mandatario pero sí a proyectos que "conlleven el desperdicio de recursos públicos", como en el caso del aeropuerto conocido como santa Lucía.
El fallo "obliga a las autoridades a abstenerse de continuar con la construcción", informó el colectivo en un comunicado.
La suspensión se mantendrá "hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir", agregó.
La orden puede ser impugnada en los próximos 10 días hábiles mediante un recurso de revisión, indicó el colectivo.
La terminal de santa Lucía, de cuya edificación se encargarán las fuerzas armadas, ha sido señalada por López Obrador como un ejemplo de política "racional y austera" frente al proyecto cancelado al que calificó de obra "faraónica" y "plagada de corrupción".
El gobierno estima que santa Lucía costará unos 4.000 millones de dólares frente a los 13.000 millones previstos para el cancelado aeropuerto de Texcoco, obra insignia del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los demandantes sostienen que el proyecto de santa Lucía no cuenta con permisos de autoridades ambientales y culturales, pese a ubicarse cerca de áreas naturales protegidas y con patrimonio histórico y paleontológico.
Argumentan además que la construcción viola los derechos sociales de las comunidades aledañas y en cuyo nombre se entabló la demanda.
La suspensión puede levantarse si el gobierno presenta un reporte de impacto ambiental aprobado por la autoridad competente o un plan que asegure la preservación del patrimonio cultural igualmente validado por la autoridad cultural, explicó a la AFP Gerardo Carrasco, experto legal de una de las organizaciones demandantes.
A finales de abril, López Obrador dijo que la construcción empezaría en cuanto estuvieran listos los permisos ambientales y que la primera etapa del aeropuerto estaría finalizada en 2021.
La cancelación de Texcoco, decidida mediante un cuestionado referéndum realizado sin supervisión de autoridades electorales, indignó al empresariado local y sacudió a los mercados financieros, además de forzar al gobierno a pagar millonarias indemnizaciones a inversionistas de la obra.
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