Desde Tegucigalpa (AFP)

Arrestan en Honduras un acusado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Las autoridades hondureñas arrestaron este jueves a un sexto hombre acusado de participar en el asesinato en marzo pasado de la ambientalista indígena Berta Cáceres, informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

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Una marcha de cientos de indigenas y campesinos exigiendo justicia por el asinato de la ambientalista Berta Cáceres el 17 de agosto de 2016 Tegucigalpa - AFP/AFP/Archivos
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Las autoridades hondureñas arrestaron este jueves a un sexto hombre acusado de participar en el asesinato en marzo pasado de la ambientalista indígena Berta Cáceres, informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El organismo dijo en un comunicado que en una operación se "logró la captura de Elvin Heriberto Rápalo Orellana (21), alias 'El Comanche', como coautor del asesinato de Berta Cáceres" y "tentativa" de asesinar al ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Añadió que Rápalo Orellana fue arrestado en la aldea El Ocote, en el municipio noroccidental de San Pedro Zacapa.

"Se cierra el circulo de los autores materiales y la investigación continúa" para dar con los demás autores intelectuales, porque tres de los seis detenidos actuaron como "autores intelectuales intermedios", dijo a la estación local HRN el director de la ATIC, Ricardo Castro.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), del que Cáceres era coordinadora, ha insistido en que la investigación llegue hasta los autores intelectuales, para lo cual pide una comisión internacional independiente.



Cáceres fue asesinada la madrugada del 3 de marzo pasado por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).

Junto a ella estaba el mexicano Castro, a quien los asesinos dejaron vivo creyendo que estaba muerto de un tiro que le infirieron.

Cinco personas se encuentran detenidas por el crimen, incluyendo un ejecutivo de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA).

La dirigente ambientalista había denunciado a esa empresa por amenazas a muerte, por lo que recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la denuncia, DESA amenazaba a Cáceres por impulsar manifestaciones contra la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque que cruza por territorio lenca.

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