El 1er gobierno de Alan García en la economía peruana

Los principales elementos de la estrategia económica propuesta por el gobierno de García estaban llenos de promesas. Reconoció el abandono anterior del sector agrícola y pidió reorientar los programas públicos hacia la promoción del crecimiento agrícola y la reducción de la pobreza rural. En consecuencia, la actividad económica iba a ser descentralizada para romper su alta concentración en Lima, y ​​dentro de las ciudades los recursos iban a ser redirigidos fuera del sector moderno de capital e importación intensiva hacia el sector informal de mano de obra. Una estrategia de concertación (entendimiento nacional) con los empresarios privados. En materia económica iba a ser utilizado de forma sistemática para evitar conflictos perjudiciales. Los problemas de balanza externa iban a ser respondidos a través de la reestructuración de la producción para reducir la dependencia de las importaciones y mediante la reorientación hacia el aumento de las exportaciones en el largo plazo.

Estos objetivos para el cambio estructural podrían haber mejorado la eficiencia de la asignación de recursos, haciendo un gran esfuerzo para reducir la pobreza. Pero claramente los objetivos requieren tiempo y capacidad de restaurar la expansión sin empeoramiento de la inflación y los déficits externos. Inicialmente, el gobierno hizo hincapié tanto en los objetivos macroeconómicos como en las condiciones necesarias para los cambios estructurales. El primer paso fue detener el proceso inflacionario incorporado, pero hacerlo sin necesidad de adoptar medidas ortodoxas de la restricción monetaria y fiscal.

Para detener la inflación, el gobierno optó por políticas heterodoxas de control dentro de un programa de expansión. Los precios y los salarios en el sector moderno iban a ser fijos, después de iniciar un disparo en el aumento en las tasas salariales. El aumento de los salarios se destinaba a elevar el nivel de vida de los trabajadores y estimular la producción mediante el aumento de ventas a los consumidores. Para contrarrestar los efectos del aumento de los salarios en los costos de producción, los costos financieros del sector empresarial fueron cortados por la intervención con el fin de reducir y controlar los tipos de interés. Después de hacer un ajuste del tipo de cambio para minimizar los efectos negativos sobre las exportaciones, el gobierno detuvo el proceso de continuar la devaluación para ayudar a contener la inflación. Se esperaba que las importaciones aumentaran a medida que la economía reviviera para ayudar a financiarlas, García hizo su polémica decisión de dejar de pagar la deuda externa más allá del 10 por ciento del valor de las exportaciones. Poco ortodoxo, como estaban todas las piezas parecían encajar. Al menos, así fue al principio, en condiciones de capacidad inactiva generalizada, con un saldo inicial de fuerte pagos.

Las medidas macroeconómicas hicieron maravillas para la producción. El PBI subió un 9,5 por ciento en 1986 y un 7,7 por ciento más en 1987. La producción manufacturera y la construcción aumentaron en más de una cuarta parte en estos dos años. Una sorpresa aún mayor fue que la producción agrícola donde el per cápita subió, corriendo en contra de su tendencia a la baja. Y la tasa de inflación bajó de 163 por ciento en 1985 a 78 por ciento en 1986, a pesar de que subió de nuevo hasta el 86 por ciento en 1987. En respuesta a las condiciones de mercado más fuertes y quizás también a la creciente confianza que los problemas económicos del Perú eran, al fin de ser atacado con éxito, la inversión fija privada aumentó en un 24 por ciento en 1986, y la fuga de capitales se redujo.

El Gobierno evitó cualquier derroche de dinero de su propio gasto, el cual se redujo de hecho en términos reales cada año. Sin embargo, debido a que el Gobierno también redujo los impuestos indirectos a fin de alentar un mayor consumo privado y reducir los costos para la empresa privada, el déficit inicialmente pequeño creció cada año. El déficit económico del sector público no financiero en su conjunto (excluyendo pagos de intereses) subió de 2,4 por ciento del PBI en 1985 al 6,5 por ciento en 1987.

Si bien el gobierno redujo su gasto total, se las arregló para soportar un nuevo programa de obras públicas para proporcionar empleo temporal y destinar más recursos a los productores rurales como está previsto en su programa para el cambio estructural. Tres líneas de la política de ayuda, especialmente para mejorar los ingresos rurales. La primera consistía en utilizar generosos precios garantizados para los productos alimenticios básicos. La segunda fue para proporcionar crédito agrícola mucho mayor, financiado fundamentalmente por el crédito del Banco Central. La tercera fue eximir a la mayoría de los precios no garantizados agrícolas de los controles, permitiendo que sus precios suban drásticamente en relación con los de los productos industriales procedentes del sector moderno. De julio 1985 a diciembre 1986, los precios de bienes y servicios que no estaban bajo el control aumentaron más de tres veces más que aquellos bajo control. Los precios al por mayor en la industria manufacturera aumentaron 26 por ciento, pero los de los productos agrícolas aumentaron 142 por ciento.

Además de aumentar el empleo y los niveles de vida, los dos primeros años de la recuperación económica parecía ofrecer una pausa en el ciclo de aumento de la violencia rural. El flujo de campesinos desplazados de la Sierra fue aliviado, y un buen número de campesinos comenzaron a regresar al campo. Ese retroceso puede ser explicado por los esfuerzos iniciales de García para reducir la dependencia de la fuerza militar para combatir al terrorismo y por lo tanto a disminuir el grado de las de dos vías de conducción de la violencia fuera de los pueblos. Pero la tendencia también pudo haber sido una respuesta a la realidad de mejores condiciones económicas y las posibilidades de ingresos en el sector agrícola.

Los dos primeros años del gobierno de García dieron una nueva esperanza para el pueblo de Perú, con un aumento del empleo, la producción y los salarios lo que sugiere un claro giro de mejoría después de tantos años de dificultades cada vez mayores. Fue, por lo tanto, fue doblemente trágico ver todo el proceso desmoronarse tan rápidamente, una vez que las cosas empezaron a ir mal otra vez. El primer signo de problemas apareció con la balanza de pagos. El auge económico, naturalmente, levantó las importaciones con rapidez, en un 76 por ciento entre 1985 y 1987. Sin embargo, se permitió que el tipo de cambio real cayera un 10 por ciento en 1986 y otro 9 por ciento en 1987. El auge retiró la oferta potencial de exportación en el mercado interno, y la caída en la tasa de cambio real redujo los incentivos para obtener divisas. Las exportaciones cayeron ligeramente en 1985 y se mantuvieron por debajo de ese nivel hasta 1987. La cuenta corriente pasó de un superávit de US $ 127 millones en 1985 a los déficits de cerca de US $ 1,1 mil millones en 1986 y cerca de US $ 1,5 mil millones en 1987.

El gobierno de García reaccionó ante el creciente déficit exterior de la misma manera como lo habían hecho los gobiernos de Velasco y de Belaúnde - posponiendo la acción correctiva, pero el problema continuó empeorando. Como siempre, el gran temor era que la devaluación agravaría la inflación. Las presiones inflacionarias fueron, de hecho, las que comenzaron a empeorar tras la fachada de control. Hasta cierto punto, estaban creciendo en respuesta a la alta tasa de crecimiento de la demanda y la producción, reduciendo los márgenes de capacidad productiva anteriormente subutilizada. Pero las presiones más explosivas se iban acumulando, apoyándose en los controles de precios que requerían una dramática expansión del crédito para mantener el sistema en su lugar. Los precios de los servicios del sector público - la gasolina por encima de todo, productos del petróleo en general, electricidad, teléfono y servicios postales, se congelaron a los niveles que pronto se convirtieron en casi ridículos en términos reales. Las restricciones sobre los precios cobrados por las empresas estatales se los llevaron cada vez más en los déficits que debían ser financiadas con préstamos. El endeudamiento llegó desde donde se podía, pero principalmente del Banco Central. Al mismo tiempo, el crédito del Banco Central aumentó de manera constante para mantener la financiación de la expansión agrícola. Otra acción del Banco Central fue el financiamiento de créditos utilizado para manejar la nueva estructura del gobierno de los tipos de cambio múltiples. Las tasas diferenciales fueron usadas para mantener el bajo costo de divisas para la mayoría de las importaciones, de nuevo con el objetivo dominante de contener la inflación, mientras se pagaron los más altos precios de las divisas a los exportadores para proteger sus incentivos para la exportación. Así, el Banco Central pagó más por las divisas que recibió y que vendió a un precio menor.

El término utilizado para estas fugas - para las extensiones de crédito del Banco Central que no cuentan en el déficit presupuestario del gobierno - es el "déficit cuasi-fiscal". Su total aumentó de un 2 por ciento del PBI en 1985 a alrededor del 4 por ciento en 1987. Mientras tanto, los ingresos tributarios del gobierno disminuyeron de manera constante en términos reales, en parte debido a las reducciones de impuestos implementadas para mantener bajos los costos de las empresas y en parte por el efecto de la inflación en la reducción del valor real de los pagos de impuestos. Sumados, el déficit fiscal más el déficit cuasi-fiscal se incrementó de un 5 por ciento del PBI en 1985 a 11 por ciento en 1987.

Los dos jinetes de este apocalipsis particular - el déficit externo y el rápido aumento del crédito del Banco Central - hicieron de 1988 un mal año sin importar lo que hubiera pasado. Sin embargo, el presidente García garantizó un desastre financiero por su decisión totalmente inesperada en julio de 1987, la nacionalización de los bancos que no eran de propiedad del gobierno. Nadie ha sido capaz de explicar por qué se decidió a hacerlo. No parece haber sido un paso necesario para cualquier componente de su programa, o necesario para el control del gobierno en un sector bancario en el que ya tenía una posición dominante. En cualquier caso, la acción ha subrayado el carácter unilateral de medidas de política económica bajo el sistema presidencial de Perú y destruyó cualquier posibilidad de una mayor cooperación con el liderazgo del sector privado. La inversión privada comenzó a caer, y el conjunto de la economía lo siguió poco después.

El gobierno de García trató de una serie de paquetes de políticas mayores y menores de nuevo a principios de 1988 hasta 1990 pero fue en vano. Las nuevas políticas no lograron apagar la infusión rápida de crédito del Banco Central que estaba alimentando la inflación, incluso cuando tuvieron éxito en el impulso de la producción de manera significativa en 1989. La producción manufacturera cayó un 18 por ciento en ese año, la producción agrícola un 3 por ciento, y el PBI total un 11 por ciento. Al mismo tiempo, la inflación aumentó un máximo de 666 por ciento en 1988 a un nuevo récord de 3,399 por ciento para 1989. El único cambio positivo fue el déficit de la cuenta corriente externa: la caída de la producción nacional y el ingreso era tan empinada que la cuenta corriente pasó de un profundo déficit a un superávit sustancial. El costo interno fue quizás más claro en términos de salarios reales: el salario mínimo en términos reales de mano de obra urbana se redujo un 61 por ciento entre 1987 y 1989, y el salario real promedio en la industria manufacturera cayó un 59 por ciento.

Fuente: [Rex A. Hudson, ed. Peru: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1992]