Desde Kiev (AFP)

Ucrania declara moratoria de deuda de USD 3.000 millones con Rusia

Ucrania comunicó el viernes oficialmente su negativa a reembolsar una deuda de 3.000 millones de dólares a Rusia, que ya había dado parte de su intención de dirimir el caso ante tribunales internacionales.

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Un empleado comprueba los equipos de una planta gasística cerca de Striy, a las afueras de Lviv, Ucrania, el 28 de mayo de 2015 - AFP/AFP/Archivos
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Ucrania comunicó el viernes oficialmente su negativa a reembolsar una deuda de 3.000 millones de dólares a Rusia, que ya había dado parte de su intención de dirimir el caso ante tribunales internacionales.

Los analistas estiman que la decisión de dejar de pagar bonos que llegan a vencimiento el próximo domingo no debería afectar sobremanera a la economía ucraniana, aunque resulta difícil predecir si compromete el paquete de rescate que Kiev negocia con el FMI.

"El gobierno ucraniano impuso una moratoria al reembolso de la así llamada deuda con Rusia", anunció el primer ministro Arseni Yatseniuk. "Desde hoy, dejamos de efectuar los pagos de esa deuda", agregó.

Moscú asegura que el gobierno ucraniano rechazó propuestas de reestructuración de la deuda y el presidente Vladimir Putin ordenó la semana pasada a su gobierno prepararse a entablar una batalla legal.

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Instalación gasística en Boyarka, en la región ucraniana de Kiev, el 22 de abril de 2015 (AFP/AFP/Archivos)

El default "puede obviamente complicar el acceso de Ucrania a los mercados internacionales", aunque aún no se puede saber en qué medida, afirmó Oleg Kuzmin, economista a cargo de Rusia en el banco de inversiones Renaissance Capital.

Los dos países están enzarzados en una grave crisis desde que Rusia se anexionó la península de Crimea en 2014, tras la caída del régimen prorruso de Viktor Yanukovich. Kiev acusa además a Moscú de apoyar a los separatistas prorrusos que se adueñaron del este del país durante un conflicto que ha causado más de 9.000 muertos.

El préstamo de la discordia fue concedido en diciembre de 2013, pocas semanas antes del derrocamiento de Yanukovich por una sublevación popular.

Las autoridades ucranianas consideran que esos 3.000 millones de dólares no pueden contabilizarse como deuda soberana (de estado a Estado), sino comercial, dado que se pactó mediante una operación en los mercados financieros. Pretenden, por tanto, colocarlos bajo las normas del acuerdo alcanzado con los acreedores privados (bancos, fondos de inversión), que aceptaron una quita del 20%.

Moscú, que rechaza esos argumentos y condiciones, propuso escalonar los pagos en tres años y pedir que el Fondo Monetario internacional (FMI) tomara cartas en el asunto.

La institución multilateral dio la razón esta semana a Moscú, al indicar que la suma concernida debía efectivamente considerarse como un préstamo sobre el que cabían reclamaciones oficiales.

Yatseniuk volvió el viernes a la carga y acusó a Rusia de bloquear cualquier avance. "Rusia ha rehusado nuestras propuestas, pese a nuestras reiteradas tentativas de firmar una reestructuración" de la deuda, afirmó.

"Estamos decididos a enfrentar un litigio judicial con Rusia", sentenció.

El FMI le exige a Ucrania reestructurar su deuda de 15.300 millones de dólares para liberar el próximo segmento de un rescate de 17.500 millones.

Pero la institución modificó la semana pasada sus reglas y decidió que podrá seguir otorgando apoyo financiero a países con pagos en rémora. Una medida que alivió a Kiev y enfureció a Moscú.

"Ucrania no corre grandes riesgos", sostiene Taras Kotovich, experto financiero del grupo Investment Capital Ukraine.

La moratoria "no será masiva, pues solo concernirá una pequeña parte de la deuda", señala Olena Bilag, analista d ela sociedad de inversiones Dragon Capital.

La analista admite que "el peor escenario sería que un tribunal ordene bloquear el envío de fondos a Ucrania", pero asegura que los abogados de Kiev "ya están trabajando para evitar ese riesgo.

Y Ucrania dispone aún de cierto margen para evitar que el caso llegue a los tribunales, pues las normas internacionales conceden a los deudores un plazo de diez días después de un vencimiento para saldar sus atrasos.



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