El Acuerdo de Escazú, único tratado ambiental de América Latina, inauguró este miércoles en Santiago su primera reunión para diseñar en conjunto soluciones para enfrentar la crisis climática que, en la región, golpea más fuerte a aquellos que menos han contribuido a su avance, dijo el presidente chileno Gabriel Boric.
El Acuerdo de Escazú, único tratado ambiental de América Latina, inauguró este miércoles en Santiago su primera reunión para diseñar en conjunto soluciones para enfrentar la crisis climática que, en la región, "golpea más fuerte a aquellos que menos han contribuido a su avance", dijo el presidente chileno Gabriel Boric.
En la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de las Naciones Unidas, se reunieron organizaciones sociales y ambientalistas de los 24 países firmantes de este acuerdo, pionero en estipular la protección de los defensores del medio ambiente.
"Hoy la región tiene la oportunidad de diseñar desde su propio y especial contexto, las soluciones que nos permitirán navegar la crisis climática, que paradójicamente golpea más fuerte a aquellos que menos han contribuido a su avance", señaló Boric, en la sesión inaugural del tratado en Santiago.
"Cuando se quema una parte de la Patagonia o se acelera el derretimiento de los glaciares en Chile y Argentina, no es el presidente de turno el que sufre las consecuencias, sino que toda la humanidad", agregó el mandatario chileno que ha hecho de la defensa del medioambiente parte prioritaria de su agenda política.
El tratado ha sido ratificado hasta ahora por 12 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, santa Lucía y Uruguay.
Chile, que junto con Costa Rica impulsó este tratado, suscribió recientemente su adhesión, pero aún su ratificación aguarda en el Congreso.
Para la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, que intervino de manera virtual en la ceremonia, Escazú "es una de las empresas más ambiciosas de la democracia ambiental".
Aprobado en 2018 tras seis años de negociación, este tratado es llamado oficialmente "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".
Además de proteger a los defensores ambientales, busca también la aplicación de políticas ambientales sostenibles junto con salvaguardar la biodiversidad en momentos en que arrecia el cambio climático.
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