Piden una tregua ante las violentas protestas contra el proyecto minero peruano Tía María

Empresarios mineros y la iglesia demandaron una tregua para calmar las violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, en el sur de Perú, que ya han dejan tres muertos, en momentos que el gobierno evalúa declarar el estado de emergencia en la zona.

"El gobierno debe buscar a los interlocutores para que esa tregua sea posible y sentarse a dialogar con los otros actores", dijo el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, en una entrevista publicada el jueves por el diario La República. El prelado aseguró que la iglesia puede mediar para apaciguar el conflicto, pero "debe ser el Gobierno" el que lo pida oficialmente.

Los pobladores de la provincia de Islay, en la región Arequipa, realizan protestas desde hace más de 50 días en contra de la ejecución de Tía María, pues consideran que contaminará su agricultura. El proyecto, valorado en 1.400 millones de dólares, está a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper. Las protestas han dejado ya dos civiles y un policía muerto en Islay, además de decenas de heridos y daños.

El jueves, los manifestantes culminaron un paro de tres días convocado en toda la región y que se ha caracterizado por violentos choques con la policía y la toma de la Plaza de Armas de Arequipa, la capital, según la prensa.

Entre los manifestantes, hay un grupo radical llamado Los Espartanos -en alusión al ejército de Esparta, en la antigua Grecia-, que se cubre el rostro, usan escudos de madera y lanzando piedras con huaracas o guaraca (una honda de tela, arma tradicional andina).

Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió el sábado un contingente de las Fuerzas Armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. "Nosotros estamos listos para hacerlo, pero no hemos decidido hacerlo porque creemos que todavía hay espacio para restablecer el diálogo, pero tienen que colaborar todos", dijo el jueves a la prensa el presidente Ollanta Humala.

- Suspensión temporal-

"Debemos evitar que siga escalando la violencia y dar una tregua porque ningún proyecto se puede imponer a la fuerza (...) Debemos tomarnos no menos de tres a cuatro meses para poder conversar", dijo el miércoles el presidente de la Sociedad nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez. El dirigente del poderoso gremio, aseguró que ha conversado con representantes de Southern Copper, quienes están de acuerdo con esta posibilidad.

"No se puede suspender lo que no existe. No hay una piedra en construcción, no se ha iniciado la construcción, simplemente están los derechos otorgados, hay un estudio de impacto ambiental aprobado", dijo el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.

De acuerdo con los plazos establecidos, se espera que Tía María entre en operaciones en 2017.

El gobierno ha abogado por la convivencia entre la industria extractiva -clave para el crecimiento económico- y la agrícola en esa región agraria de Perú. Para ello, ha convocado a un diálogo entre las partes, que es rechazado por los opositores a la explotación minera en la zona.

El gobierno ha dicho que no se utilizará agua del valle y que el tipo de minería que se aplicará no tendrá emisión de relaves, pero estas explicaciones no han calmado a los pobladores.

A finales de marzo, ante las protestas, Southern estuvo a punto de dejar el proyecto, pero el gobierno intervino para impedirlo. Esta semana, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, aseguró que suspendieron las conversaciones con la empresa, a raíz de una denuncia de un supuesto arreglo económico para levantar las protestas. La denuncia periodística se basa en una grabación con la voz del dirigente Pepe julio Gutiérrez, quien supuestamente admite que pidió dinero para alejarse de las manifestaciones. "He pedido que el dueño de la empresa, el señor (Germán) Larrea (director ejecutivo del Grupo México), venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación", dijo a la prensa. Southern emitió un comunicado negando su participación.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales. Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo, se contabilizaron 211 conflictos sociales. De estos, casi el 67% es socioambiental.