Los monocultivos devoran tierras y acorralan a las comunidades del Cerrado de Brasil

Martes 11 de Junio de 2019 - Desde Formosa do Rio Preto (Brasil) (AFP)

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"Vivíamos muy tranquilos, pero los guardias de la granja vecina empezaron a entrar en nuestras tierras, a vigilar nuestros desplazamientos. Tenemos miedo", cuenta Sabino Batista Gomes, mirando con preocupación cada vez que pasa un vehículo por la entrada de la comunidad brasileña de Cacimbinha.

Las 121 familias de descendientes de indígenas, de antiguos esclavos fugitivos y de pequeños granjeros que se instalaron a finales del siglo XIX en la sabana del Cerrado, en el estado de Bahía (noreste), denuncian que una gran explotación agrícola acapara su territorio, situado en un valle.

A unas dos horas de ahí, está el municipio de Formosa do Rio Preto, en la región del Matopiba, un territorio dos veces más grande que el de Alemania, que se extiende entre los estados de Marañón, Tocantins, Piaui y Bahía, cuyas primeras sílabas forman su nombre.

Situada casi íntegramente en el Cerrado, Matopiba es la zona del país con el mayor ritmo de expansión de la ganadería y las actividades agrícolas, sobre todo los monocultivos de soja, de algodón y de maíz, en su mayoría transgénicos. Ese crecimiento, que siempre ha contado con el apoyo de las autoridades, podría intensificarse aún más con el impulso del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que apoya al lobby agrícola.

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En cinco años, la producción de cereales y de granos en los cuatro estados ha aumentado en un 79,7% y representa ahora el 10,6% de la cosecha nacional.

- Campos interminables -

Pero esa extensión se consigue con una deforestación masiva y provoca cada vez más conflictos con las comunidades tradicionales que viven de la artesanía, la recogida de fruta, el cultivo de mandioca y de judías y de la cría de vacas, que pacen libremente por la sabana.

En Formosa, la explotación Estrondo, abierta en 1978, quiso comprar los terrenos de las comunidades en un primer momento. Pero, ante su rechazo, empleados de la granja fueron ahí a tomar medidas con un GPS y empezaron a colocar barreras.

"Algunos de nuestros animales desaparecieron, otros fueron heridos. Tenemos que retroceder cada vez más en el valle", explica Batista Gomes, señalando los acantilados visibles a lo lejos.

En su cima ya no queda rastro de la sabana. Las palmeras, los árboles frutales y la vegetación rasa fueron sustituidos por campos que se extienden hasta donde alcanza la vista.

La explotación granjera abarca oficialmente 305.000 hectáreas, una superficie superior a la de Luxemburgo, pero, según el Instituto Nacional de Colonización y la Reforma Agraria, Estrondo es fruto "de la apropiación ilegal de 444.000 hectáreas" de terrenos.

- Intentos de intimidación -

Según una orden judicial provisional de 2017, las comunidades tradicionales del valle son propietarias de 43.000 hectáreas de terreno en el valle, en las que nadie más puede instalarse, so pena de recibir multas.

"Creíamos haber ganado, pero la granja no respeta la justicia", lamenta Batista Gomes.

Estrondo considera esa zona como su "reserva legal", definida por el código forestal brasileño como una parcela equivalente al 20% de la propiedad, donde la vegetación nativa debe preservarse, lo que implica la marcha de los habitantes rurales.

Las comunidades denuncian la construcción de casetas donde guardias controlan las identidades de los habitantes e impiden su paso por la noche, así como intentos de intimidación que llegan a ser violentos. En enero, uno de los habitantes, que quería recuperar sus vacas, recibió una bala en un pie.

"Un magistrado serio haría respetar la orden judicial, pero el de Formosa ignoró los hechos e intentó incluso reducir la propiedad de las comunidades a 9.000 hectáreas, una petición rechazada por el tribunal de Bahía. La decisión final puede tardar años y, mientras tanto, la situación empeora", se preocupa Mauricio Correia, de la asociación de abogados de los trabajadores rural de Bahía.

Los letrados de las compañías propietarias de Estrondo afirman que la orden judicial no obliga a retirar las casetas y que, a pesar de la reducción, según ellos en vigor, del territorio perteneciente a las comunidades, la explotación no entra en las 43.000 hectáreas pedidas por las familias "para evitar (...) tensiones inútiles a la espera de la decisión judicial definitiva".

La otra preocupación de los habitantes tiene que ver con la caída de los recursos hídricos que son fruto de la tala de los árboles del Cerrado en las mesetas y de la apertura de pozos para irrigar los campos de Estrondo, según un estudio del Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (Inema).

La explotación culpa por su parte a los pequeños propietarios agrícolas que viven cerca de los ríos.

Entre 2007 y 2014, según un informe de Greenpeace publicado este martes, cerca de dos tercios de la expansión agrícola en Matopiba se hizo ganando terreno a los bosques. La superficie dedicada a la soja se triplicó entre 2000 y 2014, pasando de un millón a 3,4 millones de hectáreas.

Para Martin Mayr, coordinador de la asociación 10envolvimento, que apoya a esas familias rurales, el tiempo se agota. "Desde su llegada, las comunidades preservaron la sabana, de la que dependen para vivir. Si son expulsadas de aquí, el bosque podría desaparecer".



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