Al activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido puso en marcha el reloj de dos años de negociaciones de divorcio con la Unión Europea, que ya se anuncian difíciles por las expectativas a un lado y otro del canal de la Mancha, según los analistas.
Al activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, Reino Unido puso en marcha el reloj de dos años de negociaciones de divorcio con la Unión Europea, que ya se anuncian difíciles por las expectativas a un lado y otro del canal de la Mancha, según los analistas.
El primer día de la cuenta atrás para el Brexit ya sacó a relucir las diferencias. La primera ministra británica, Theresa May, abogó por acordar los términos de la futura relación con la UE "junto a los de la retirada", una opción rechazada por su homóloga alemana, Angela Merkel.
"Lo que puede provocar en el primer momento más problemas es si Reino Unido dice que hay que negociar la salida y el futuro acuerdo" en paralelo, como ya avanzó May, indicó a la AFP Ignacio Molina, investigador del centro español de análisis Real Instituto el Cano.
"Pero si los británicos dicen que no piensan cerrar el acuerdo de salida sin tener amarrado el acuerdo de futura relación, es un problema grave", apunta Molina, para quien, no obstante, la cuenta atrás iniciada este miércoles mete presión a Londres, "porque si no hay acuerdo, el resultado es muy desastroso para ellos".
En su futuro marco de relaciones con la UE, Theresa May expresó en la carta cursada a sus socios europeos su deseo de "un acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso", máxime cuando Reino Unido renunció a permanecer en el mercado único europeo para no aceptar una de sus libertades: la libre circulación de personas.
"El comercio es obviamente un asunto importante y uno de los que más se habla, pero un asunto todavía más difícil será el tema del movimiento de las personas", señala Catherine Barnard, profesora de derecho europeo en la Universidad de Cambridge, quien destaca la alusión de May a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido.
- La carta militar -
Esta era una de las prioridades de la UE definidas la semana pasada por el negociador de la Comisión, Michel Barnier, quien liderará las negociaciones en nombre de los 27, junto a la factura que Londres debe pagar por sus compromisos ya adquiridos con sus socios y a la frontera entre Irlanda y la británica Irlanda del Norte.
Respecto a la factura, que los europeos estiman en hasta 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares) aunque todavía no hay cifras oficiales, la ausencia de cualquier mención en la carta de la jefa del gobierno británico representa una "elección táctica" para Vivien Pertusot, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
Para esta analista, abstenerse de mencionar la factura final evita a Londres "ponerse en una situación delicada" sobre un asunto que "necesitará mucha negociación". Este "será un tema muy polémico", incluso en el seno del Partido Conservador de May, añade Janis Emmanouilidis, analista del European Policy Center.
Ante el potencial comercial del bloque europeo, Theresa May escogió jugar la carta de la defensa, al advertir en su misiva que, "en términos de seguridad, un fracaso en alcanzar un acuerdo significaría que nuestra lucha contra el crimen y el terrorismo se vería debilitada".
"El Reino Unido es una potencia militar, diplomática, [miembro] del Consejo de seguridad y [mantiene] una relación especial con Estados Unidos", destaca Ignacio Molina, para quien los británicos son un "contribuyente neto a la seguridad europea".
El proceso de divorcio acaba justo de empezar, pero "hay que esperar muchos más dramas y diplomáticos caminando por la alfombra roja en Bruselas", apunta Jonathan Eyal, analista del centro de reflexión londinense Royal United Services Institute. Por su parte, Emmanouilidis apunta a los actores capaces de vetar los acuerdos en ambos lados.
El acuerdo de divorcio debe ser aprobado por amplia mayoría por los países de la UE, así como por la Eurocámara y el parlamento británico, pero un eventual acuerdo de libre comercio, en el marco de las futuras relaciones a ambos lados del canal de la Mancha, podría seguir un camino más tortuoso.
Ese pacto sin precedentes deberían aprobarlo todos los países del bloque y ratificarlo los eurodiputados, los parlamentos nacionales y algunas cámaras regionales, un proceso que podría tomar años.
