La UE busca obtener poderes para responder a las presiones comerciales

La Comisión Europea lanzó el miércoles un proyecto de nuevo instrumento legal que permitiría reaccionar rápidamente ante cualquier país que utilice sanciones económicas contra la Unión Europea o uno de sus miembros como forma de ejercer presión política.

En la actualidad, la toma de decisiones en materia de política exterior europea requiere la unanimidad de los 27 estados miembros del bloque, lo que dificulta una respuesta eficaz en caso de crisis.

Por ello, la idea es concentrar nuevos poderes en la Comisión, el poder ejecutivo europeo.

Según la propuesta legislativa presentada el miércoles, la Comisión Europea tendría una lista de opciones para responder a las amenazas económicas de gobiernos extranjeros.

Para oponerse a esto, los estados miembros necesitarían una mayoría cualificada (15 de los 27 estados miembros que representan al menos el 65% de la población total de la UE).

"Con esta propuesta, estamos enviando un mensaje claro: la UE defenderá sus intereses con firmeza", dijo el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

"En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, el comercio se utiliza cada vez más como un arma, y la UE y sus estados miembros son objeto de intentos de intimidación económica", subrayó.

El funcionario agregó que el objetivo principal de la llamada "herramienta anti coerción" es "actuar como elemento disuasorio. Pero ahora también tenemos más herramientas a nuestra disposición cuando se nos obliga a actuar".

Esta herramienta permitiría el uso de diversas armas de represalia, como el congelamiento del acceso a los mercados públicos, el bloqueo de las autorizaciones de comercialización de ciertos productos, o la prohibición de participar en proyectos de investigación financiados por la UE.

El plan de la Comisión irá ahora al Parlamento Europeo y a los estados miembros de la UE, donde algunos gobiernos ya adelantaron cuestionamientos a la idea de entregar poderes sin precedentes a Bruselas.

Entre esos países se argumenta que cualquier cosa que salga de las prácticas de resolución de conflictos de la Organización Mundial del Comercio sería imprudente.

En un documento, el gobierno sueco expresó sus deudas de que "el problema sea lo suficientemente grande como para justificar la propuesta".