Desde Madrid (AFP)

La policía española registra instalaciones del gigante del aluminio Alcoa

La policía española practicó este jueves múltiples registros en las instalaciones del gigante estadounidense del aluminio Alcoa por sospechas de un posible fraude en el cierre de algunas fábricas en el noroeste del país.

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Una furgoneta de la Policía Nacional española abandona un tribunal el 22 de agosto de 2017 en el centro de Madrid - AFP/AFP/Archivos
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La policía española practicó este jueves múltiples registros en las instalaciones del gigante estadounidense del aluminio Alcoa por sospechas de un posible fraude en el cierre de algunas fábricas en el noroeste del país.

En un comunicado, la policía señaló que la unidad de investigación de crímenes económicos y financieros estaban inspeccionando la sede de Alcoa en Madrid así como las instalaciones recientemente vendidas de la empresa en Avilés y Coruña (noroeste).

El despliegue busca pruebas para una investigación de la Audiencia Nacional ante una posible "liquidación fradulenta del patrimonio" de sus fábricas de aluminio, dijo una portavoz policial.

Un centenar de investigadores policiales fueron movilizados para la operación, además de inspectores de los departamentos de Trabajo y Seguridad Social, informó el comunicado policial.

La operación incluye un total de once registros en fábricas, despachos de abogados o domicilios particulares, también en la ciudad sureña de Málaga o en Castellón (este).

En octubre de 2018, Alcoa anunció que quería cerrar dos de sus tres plantas de aluminio en el noroeste de España, alegando que eran improductivas, lo que despertó airadas protestas al haber cientos de empleos en juego.

En julio de 2019, el gigante estadounidense vendió estas dos plantas, en Avilés y Coruña, a un fondo suizo que, a su vez, las traspasó a su actual propietario, Grupo Industrial Riesgo.

Los investigadores investiga si hubo actuaciones fraudulentas en esta operación.

Un año después, el grupo anunció el cierre de su última planta en España, en el municipio costero de San Cibrao.

Las pesquisas judiciales comenzaron por una demanda de una asociación de comercios y otros veinte querellantes, entre ellos asociaciones sindicales, por fraude y apropiación indebida.




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