Haití tiene el reto de definir un presupuesto que responda a las necesidades de la mayoría de su población, la más empobrecida de América Latina, y que sea aceptado por la dirigencia política y el FMI, días después de que el gobierno suspendiera un alza del precio de los combustibles tras una ola de violencia.
Haití tiene el reto de definir un presupuesto que responda a las necesidades de la mayoría de su población, la más empobrecida de América Latina, y que sea aceptado por la dirigencia política y el FMI, días después de que el gobierno suspendiera un alza del precio de los combustibles tras una ola de violencia.
El aumento de los precios de los productos petroleros había sido anunciado el viernes, pero el gobierno debió hacer marcha atrás menos de 24 horas después, tras una serie de protestas que paralizaron al país.
Hasta el domingo, numerosas calles de Puerto Príncipe permanecieron bloqueadas por barricadas. Decenas de comercios fueron saqueados y muchos automóviles resultaron quemados. Al menos cuatro personas murieron en las protestas. La policía no intervino.
La medida suspendida comprendía el aumento de 38% del precio de la gasolina, de 47% del precio del diésel y de 51% del precio del kerosene. Las autoridades pretendían así suprimir las subvenciones a los productos petroleros, uno de los compromisos asumidos en febrero ante el Fondo Monetario internacional (FMI).
El nuevo marco de referencia firmado con el organismo multilateral incluía también llevar la inflación por debajo del 10%.
Desde 2015, la inflación anual oscila en Haití entre el 13% y el 14% y el proyecto de presupuesto para 2018-2019, publicado en junio, la ubica en 13,6%.
Cerca de 60% de los haitianos sobreviven actualmente con menos de dos dólares por día, y esta mayoría pobre de la población es sumamente sensible a cualquier variación de los precios, por mínima que sea.
- Un país cada vez más desigual -
Al anularse el aumento anunciado el viernes, el gobierno deberá buscar otros medios para economizar los 19.400 millones de gourdes (301 millones de dólares) que destina a las subvenciones de los productos petroleros, más del 11% del presupuesto nacional.
El reparto de los magros recursos del estado constituye habitualmente en Haití un delicado ejercicio político.
Todos los años, el poder legislativo, que tiene la potestad de derribar a los gobiernos, se queda con la parte del león en ese reparto.
El proyecto de presupuesto para el período 2018-2019 destina 6.500 millones de gourdes (100,2 millones de dólares) a la cámara de diputados y el Senado, mientras el poder judicial se ve limitado a 2.120 millones de gourdes (32,8 millones de dólares).
En un país en el que más de la mitad de sus habitantes tienen menos de 20 años, el Ministerio de la Juventud, el deporte y la Acción Cívica deberá contentarse con apenas 1.090 millones de gourdes (16 millones de dólares).
Diputados y senadores reciben además diversas subvenciones y no deben rendir cuentas de sus gastos.
Desde 2015, la economía haitiana ha crecido por debajo del 2% anual, menos que el crecimiento demográfico del país.
Si los programas sociales que permiten una reducción de la extrema pobreza no reciben más fondos es muy probable que la ira popular hacia la dirigencia política y la élite económica se acreciente.
Más de 200 años después de la declaratoria de la independencia, la primera república negra de la historia sigue siendo ubicada por el Banco Mundial entre las más desiguales del planeta.
La riqueza que ostenta la élite económica, mestiza y de origen sirio-libanés, contrasta con la extrema pobreza del resto de la población.
El fin de semana pasado, los manifestantes que pedían la salida del poder del presidente Jovenel Moise denunciaron la profundización de ese foso y acusaron al mandatario de defender únicamente los intereses de los más privilegiados.
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