En Uruguay, buscan impedir que la brasileña Minerva compre tres frigoríficos de Marfrig

Productores rurales, defensores del consumidor y vendedores de carne presentaron una demanda ante el órgano regulador de la competencia de Uruguay, para impedir un negocio entre las brasileñas Minerva y Marfrig que otorgaría a la primera el control de la faena cárnica del país.

El movimiento "Un solo Uruguay", la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor y la Unión de Vendedores de Carne (UVC) presentaron el lunes una acción legal colectiva ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodeco), por considerar que la compra por Minerva de tres frigoríficos de su competidora Marfrig en Uruguay tendrá un impacto negativo.

"No es bueno que una sola empresa pase a tener más de la mitad del abasto", dijo este martes a la AFP el presidente de la UVC, Heber Falero. "Es contraproducente para un mercado de oferta y demanda".

Minerva Foods, el mayor exportador de carne vacuna de Sudamérica, anunció en agosto pasado la compra de 16 plantas de su rival Marfrig en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en una trasacción por más de 1.500 millones de dólares que debía ser aprobada por los reguladores de la competencia de cada país.

Minerva, que opera en Uruguay desde 2011, sumaría así tres frigoríficos (La Caballada, Establecimiento Colonia e Inaler) a los cuatro que ya tiene en el país (PUL, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones y BPU).

De aprobarse la compra, Minerva concentraría entre el 50% y 60% de la faena cárnica en Uruguay, según estimaciones de los productores, consumidores y carniceros que rechazan la transacción.

La Coprodeco, un órgano del Ministerio de Economía que analiza desde noviembre pasado la legalidad del negocio, informó este martes que inició la segunda etapa del proceso, en la que requiere información adicional a las partes y a terceros.

Además de "Un solo Uruguay", un movimiento surgido en 2017 ante la pérdida de puestos de trabajo por cierres de establecimientos agropecuarios, así como de los consumidores y de los carniceros, gremiales como la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y agencias del propio gobierno, como el Instituto Nacional de Carnes (INAC), ya manifestaron su oposición a la adquisición.