Desde Montevideo (AFP)

Cambio climático y seguridad operativa entre prioridades de Tratado Antártico

El estudio de los efectos del cambio climático y la seguridad en la Antártida estarán entre las prioridades del Tratado Antártico, dijo el viernes el electo secretario ejecutivo del organismo, Albert Lluberas.

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El estudio de los efectos del cambio climático y la seguridad en la Antártida estarán entre las prioridades del Tratado Antártico. - AFP/AFP/Archivos
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El estudio de los efectos del cambio climático y la seguridad en la Antártida estarán entre las prioridades del Tratado Antártico, dijo el viernes el electo secretario ejecutivo del organismo, Albert Lluberas.

En la agenda de trabajo del tratado creado en 1959 y vigente desde 1961, resaltan la "seguridad operativa como una de las continuas preocupaciones" del grupo de países, dada la importancia de salvaguardar tripulaciones y proteger el medio ambiente en una zona de importante circulación de buques, explicó a la AFP Lluberas en calidad de delegado de Uruguay al Tratado, que reúne a 51 países.

El cambio climático, entre otros temas científicos, y asuntos relativos al turismo, deberán ser abordados también por el uruguayo, primer latinoamericano que dirigirá el organismo internacional, cuando asuma sus funciones el próximo 1 de setiembre en su sede en Buenos Aires.

Su designación se produjo el jueves en el marco de la 40 Reunión Consultiva del Tratado Antártico realizada en China, informó la Presidencia uruguaya en su página web.

Lluberas es un militar de carrera, capitán de Navío que se desempeña como secretario general del Instituto Antártico Uruguayo (IAU).

El gobierno uruguayo se congratuló por el nombramiento al frente de este acuerdo, que tiene entre sus cometidos principales el uso pacífico de la Antártida y la investigación en colaboración en el continente blanco.

El Tratado Antártico "consagra a la Antártida como una tierra de paz y ciencia para la libre investigación en el régimen de cooperación internacional", resumió Lluberas.

Uruguay, uno de los 29 miembros consultivos del acuerdo, tiene una base en la zona, en la isla Rey Jorge, desde 1984.




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