Brasil avanza contra minería ilegal en tierra yanomami

Las autoridades brasileñas intensificaron esta semana el combate a la minería ilegal en tierra indígena yanomami, donde numerosos buscadores clandestinos de oro, acusados de desatar una crisis humanitaria, se resisten a abandonar la región.

Equipados con uniformes de camuflaje y armas pesadas, miembros de la agencia ambiental gubernamental Ibama y de la Policía Federal de Carreteras (PRF) sobrevolaban el viernes la selva amazónica en busca de bases de minería ilegal todavía en actividad.

Desde lo alto, divisan uno de estos campamentos: una mancha marrón de superficie deforestada en medio del tapete verde que es la Amazonía, con dormitorios, cocina y baños improvisados, y los motores de algunas máquinas aún en marcha.

"Primero establecimos bases de control para detener la logística de las actividades ilegales en los dos principales ríos. Ahora estamos empezando otra fase, que es atacar estos frentes de minería, desestructurando y neutralizando" estos campamentos, explica a la AFP Felipe Finger, coordinador del Grupo Especializado de Fiscalización (GEF) del Ibama.

Al avistar los helicópteros del gobierno, los "garimpeiros", como se conoce a los mineros ilegales, huyeron selva adentro, dejando atrás sacos llenos de casiterita, dióxido de estaño apodado "oro negro", que también es extraído ilegalmente de la tierra indígena con fines comerciales.

Mientras incineran las máquinas del campamento, los agentes interrogan a un minero de 36 años que no logró escapar.

"La minería ilegal no va a acabar, no tiene que ver con (el presidente) Lula o con (el expresidente Jair) Bolsonaro. No hay quien acabe con esta actividad en el mundo", afirmó el detenido, de nombre ficticio Eduardo dos Santos.

"Es como un vicio: vienes una vez y no quieres salir nunca más. Aquí gano 5.000 reales (USD 1.000) por semana, ¿en qué trabajo puedes ganar eso en la ciudad?", cuestiona Dos Santos.

Según líderes yanomami, unos 20.000 mineros clandestinos han invadido su territorio, matando indígenas, abusando sexualmente de mujeres y adolescentes, y contaminando sus ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decretó a fines de enero la situación de emergencia sanitaria y autorizó una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y otras instituciones para expulsar a los invasores de la mayor tierra indígena del país, en la frontera con Venezuela.

Según dijo esta semana a la prensa local el ministro de Justicia y Seguridad, Flávio Dino, alrededor de 1.000 mineros se resisten a salir.

- Enfrentamiento a tiros -

La Policía Federal abrió en enero una investigación por posible "genocidio" contra los yanomami tras la publicación de un informe oficial que dio cuenta de la muerte el año pasado de un centenar de niños menores de cinco años, algunos de ellos por desnutrición.

"Sufrimos diarrea y vómitos, no tenemos asistencia en salud, las personas pasan hambre y no tenemos qué comer", dijo un indígena yanomami entrevistado por la AFP el viernes, durante una incursión del Ibama en una de las aldeas.

La Fuerza Aérea instaló hace un mes un hospital de campaña en Boa Vista, capital del estado de Roraima (norte), donde realizó más de 1.500 asistencias médicas.

Desde el inicio de la operación, los militares contabilizan unas 130 evacuaciones por helicóptero para salvar pacientes aislados y la entrega de casi 9.000 canastas básicas.

Mineros ilegales a bordo de siete lanchas atacaron con armas de fuego un puesto de control del Ibama en el río Uraricoera la madrugada del jueves.

Uno de los criminales resultó herido en el intercambio de tiros y el resto logró huir con un cargamento de casiterita, según las autoridades.

El ataque "es una reacción a la efectividad de las operaciones y a la retomada del territorio por parte del Estado, tras cuatro años de connivencia y abandono", dijo el viernes la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

La minería ilegal aumentó abruptamente durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022), un defensor de la apertura de las tierras indígenas para esa actividad.

Durante su gobierno, la deforestación anual promedio aumentó 59,5% respecto a los cuatro años anteriores, y avanzó 75,5% en relación con la década anterior.