Barcelona y Airbnb acercan posiciones tras meses de conflicto

El ayuntamiento de Barcelona y la compañía estadounidense Airbnb, enzarzados desde hace meses en una batalla administrativa, acordaron este miércoles que la plataforma elimine los anuncios de los pisos sin licencias denunciados por las autoridades, informaron ambas partes.

El consistorio de esta turística ciudad había multado ya a la plataforma con 600.000 euros, y amenazaba con hacerlo de nuevo si Airbnb no retiraba de su web los pisos ofertados sin las licencias necesarias para operar como alojamiento turístico en Barcelona.

En una reunión este miércoles, "Airbnb ha propuesto (...) un proceso sencillo para que el Ayuntamiento pueda notificarnos la existencia de alojamientos turísticos ilegales, que retiraremos de la plataforma rápidamente", dijo en un comunicado Sergio Vinay, responsable de iniciativas de políticas públicas de la empresa.

"Estamos ante un punto de inflexión, un cambio de actitud. Por primera vez, Airbnb empieza a dar respuesta a lo que se le ha pedido desde el principio", dijo el responsable de turismo de Barcelona, Agustí Colom.

Según Colom, la próxima semana se volverán a reunir para entregar a la empresa una lista con los primeros anuncios a retirar, y estudiar cómo evitar que se lleguen a publicitar pisos sin los permisos requeridos.

La llegada de la activista antidesahucios Ada Colau a la alcaldía de Barcelona en 2015 dificultó la actividad de esta plataforma, que ya ha tenido trifulcas legales con otras ciudades como Nueva York, París, Berlín o Ámsterdam.

Desde entonces, impusieron a Airbnb y a la plataforma Homeaway dos multas de 30.000 euros y otra de 600.000, todas ellas recurridas por parte de las empresas.

A finales de junio, el consistorio advirtió que si Airbnb seguía desoyendo sus requerimentos, le impondría otra multa de 600.000 euros e incluso planteó un precinto de su página web.

Colau inició en los últimos dos años una guerra contra los problemas de la saturación turística de la ciudad, que genera molestias a muchos vecinos y encarece el mercado inmobiliario.

Además de su pugna con Airbnb, aumentó la vigilancia contra los apartamentos ilegales y prohibió la apertura de nuevos alojamientos turísticos en el centro de la ciudad.