Un juez español paraliza la suspensión de Telegram en el país

Un juez español dio marcha atrás y paralizó este lunes su orden de suspender temporalmente Telegram en el país, mientras espera por un informe de la policía sobre el servicio de mensajería.

El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, un alto tribunal en Madrid a cargo de casos delicados, había solicitado el viernes "la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram", dentro de una investigación sobre algunas cuentas que vulnerarían derechos de propiedad intelectual.

Pero este lunes el magistrado pidió diferir la medida hasta tanto reciba un informe policial "sobre la plataforma Telegram (características, etc.) así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal", informó la justicia en un comunicado.

Pedraz había ordenado la medida cautelar el viernes ante la falta de respuesta de las autoridades de las Islas Vírgenes a una petición enviada en julio de 2023.

La solicitud se enmarcaba en una investigación abierta tras la denuncia de empresas audiovisuales españolas de que desde algunos canales del servicio de mensajería se compartían contenidos que vulneraban sus derechos de propiedad intelectual.

El magistrado demandaba a las autoridades de Islas Vírgenes, donde está registrada su matriz, que instaran a Telegram a informar sobre "determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares" de esas cuentas, pero no obtuvo respuesta.

La medida del juez recibió críticas de asociaciones de consumidores como Facua, que advirtió de los "enormes perjuicios" que, según su parecer, podría causar esta suspensión "para los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería".

"Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor", lamentó su secretario general, Rubén Sánchez, en un comunicado.

Telegram, que dice contar con 700 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, ha sido previamente suspendido temporalmente en otros países, como en Brasil el año pasado, por no facilitar información a las autoridades.