Desde Washington (AFP)

Nuevo revés judicial en EEUU para activos de Venezuela en caso contra Crystallex

Venezuela recibió otro revés este jueves en Estados Unidos cuando una corte de apelaciones rechazó realizar una nueva audiencia en el caso contra la minera canadiense Crystallex que pide una compensación por la estatización de una mina en 2011.

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Esta foto de archivo tomada el 26 de julio de 2019 muestra un logo de la petrolera Citgo en Delaware, Estados Unidos - AFP/AFP/Archivos
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Venezuela recibió otro revés este jueves en Estados Unidos cuando una corte de apelaciones rechazó realizar una nueva audiencia en el caso contra la minera canadiense Crystallex que pide una compensación por la estatización de una mina en 2011.

Esta decisión judicial está en suspenso por una nueva disposición del Departamento del Tesoro que prohíbe que los demandantes contra Venezuela hagan cumplir sentencias sin una autorización de Washington.

La petición para una nueva audiencia por parte del panel y de los jueces fue negada, según documentos del Tercer Circuito de Apelaciones de Estados Unidos.

En julio un tribunal estadounidense determinó que la minera canadiense podrá confiscar acciones de Citgo - la filial en Houston de la petrolera estatal venezolana PDVSA - como compensación por la estatización de una mina en Venezuela en 2011.

Desde febrero, Citgo está dirigida por una junta designada por el líder opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Donald Trump entregó el control de la compañía después de reconocerlo como presidente interino, por considerar que el segundo mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo.

"El caso en la corte de apelaciones está terminado, no hay más opciones para Venezuela de apelar", explicó a la AFP Russ Dallen, experto de la firma Caracas Capital Markets, con sede en Miami.

- Citgo rodeada por "lobos hambrientos" -

Citgo, una refinadora y comercializadora de combustible clave para PDVSA antes de que Washington le impusiera severas sanciones a la petrolera estatal en enero, es vista por la oposición como un "motor" económico para una eventual Venezuela post Maduro.

Antes de las sanciones, PDVSA exportaba diariamente 500.000 barriles de petróleo extrapesado para ser procesados por Citgo, que tiene tres refinerías y una red de estaciones de autoservicio en Estados Unidos.

El caso de Crystallex volverá al juez Leonard Stark para que haga cumplir la sentencia, pero la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reiteró que la ejecución de activos de Venezuela y de su petrolera nacional PDVSA está bloqueada, dijo Dallen en una nota.

Para el experto con la ejecución bloqueada por el Tesoro - salvo que Crystallex tenga una nueva licencia específica para permitirlo- la oposición de Venezuela, que en Estados Unidos representa al país, probablemente apele el caso ante la corte Suprema.

"El Departamento de Tesoro decidió fortalecer y clarificar la prohibición de ejecutar cualquier derecho de retención o aditamento o acuerdo de liquidación, eliminando cualquier duda y protegiendo más a las entidades de Citgo y a otros activos de Venezuela", dijo Dallen.

Citgo está asediada por varios acreedores de Venezuela y de PDVSA, entre ellos Owens Illinois, la petrolera estadounidense ConocoPhillips y la compañía rusa Rosneft.

"Hay muchos lobos hambrientos" por las deudas de Venezuela, indicó Dallen. "Citgo es el bocado más jugoso en el medio de todos ellos, que la están rodeando", señaló el experto.

"Lo que el Tesoro hizo es decir que no pueden pasar, no puede devorar este bocado sin nuestro permiso, por el momento", concluyó Dallen.

La junta de PDVSA designada por la Asamblea de Venezuela, en manos de la oposición, llegó a un pacto temporal con los acreedores el 15 de este mes para establecer un acuerdo de indulgencia por mora, por el bono 2020 de la petrolera estatal, que venció en octubre.

Maduro no puede pagar el bono por las sanciones y la Asamblea, pese a que pagó los intereses en abril, no cumplió con la obligación parapetada por una orden de protección del Departamento del Tesoro.

El martes, el Parlamento de Venezuela autorizó el uso de 3,5 millones de dólares para la defensa de casos en el exterior.




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