Nicaragua aprueba estudios ambientales para construir canal interoceánico

Nicaragua aprobó este jueves los estudios para la construcción del canal que enlazará el Caribe y Pacífico, presentados por la concesionaria china HKND a cargo del proyecto, informaron fuentes oficiales.

"Tomando en consideración ese estudio de alto rigor científico y técnico" la Comisión del Gran Canal Interoceánico decidió aprobarlos, manifestó el portavoz de la entidad, Telémaco Talavera.

La resolución de la Comisión, máxima autoridad del megaproyecto, fue entregada a representantes de HKND en un acto público.

"Estamos precisamente autorizando a HKND para que inicie ya los procesos de diseño estructural y de construcción" del canal, declaró en la ceremonia el presidente de la comisión, Manuel Coronel.

Los estudios de impacto ambiental y social fueron elaborados por la consultora británica Environmental Resources Management (ERM) para HKND y divulgados por el gobierno en setiembre pasado luego de tres meses de análisis.

El estudio menciona que el proyecto del canal "tendrá impactos ambientales y sociales significativos", pero que pueden ser mitigados si se desarrolla adecuadamente.

Talavera mencionó que se están cumpliendo los requerimientos establecidos para la construcción de la vía y "el balance neto final desde el punto de vista económico, social y ambiental es altamente positivo para Nicaragua".

El asesor del proyecto, Bill Wild, destacó la decisión del gobierno como "un gran paso" para la construcción de obra, y auguró un avance rápido de la construcción.

En gobierno nicaragüense otorgó a HKND, en junio de 2013, la concesión para construir y administrar el canal y seis obras accesorias, con un costo estimado de 50.000 millones de dólares a un plazo de 50 años, prorrogables por otro período igual.

La construcción de la ruta, con una extensión de 276 km entre ambas costas, comenzará en el 2016 y tendrá duración de cinco años, según los planes de la concesionaria.

Organizaciones ecologistas de Nicaragua rechazaron el estudio de ERM, a la que señalan de usar un lenguaje "ambiguo, subjetivo y hasta engañoso".

Los científicos locales demandaron al gobierno derogar la ley de concesión por considerar que no es favorable ambiental ni socialmente para el país.