La compañía de gas y electricidad de California PG&E tendrá que pagar casi 1.700 millones de dólares en multas por su responsabilidad en los incendios forestales que afectaron al estado en 2017 y 2018, que dejaron más de 100 muertos.
La compañía de gas y electricidad de California PG&E tendrá que pagar casi 1.700 millones de dólares en multas por su responsabilidad en los incendios forestales que afectaron al estado en 2017 y 2018, que dejaron más de 100 muertos.
Según el proyecto de acuerdo presentado el martes por el ente regulador, PG&E destinará el dinero para acciones de prevención de incendios forestales y a la mejora y mantenimiento de sus instalaciones eléctricas, que han intervenido en el inicio de varios fuegos mortales.
PG&E se declaró en bancarrota en enero, debido a los 30.000 millones de dólares que enfrentaba en reclamaciones por daños relacionados con los incendios.
El operador anunció a principios de diciembre que pagaría 13.500 millones de dólares a las víctimas de los incendios para resolver los procedimientos legales en su contra.
El objetivo es poder salir del amparo de la ley de quiebras antes de la fecha límite fijada por el gobierno en junio, para acceder a un fondo de indemnización para las víctimas. Sin embargo, este acuerdo debe ser aprobado por un tribunal especializado antes de que pueda ser implementado.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, rechazó un plan de reestructuración presentado por el gigante de energía, asegurando que estaba "terriblemente por debajo" de las expectativas del estado, lo que obligó a la empresa a realizar importantes reformas, particularmente en términos de seguridad.
"La prioridad del estado sigue siendo satisfacer las necesidades de los californianos, incluido el trato justo de las víctimas, y no los intereses financieros de Wall Street", escribió el gobernador.
Las líneas eléctricas defectuosas de PG&E fueron implicadas el año pasado en un incendio en el norte de California que mató a 86 personas, el más mortal en la historia del estado.
La empresa, acusada de priorizar los intereses de los inversionistas antes que los del público, tenía instalaciones obsoletas, postes de madera y terrenos no despejados alrededor de líneas de alta tensión.
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