Greenpeace denuncia las consecuencias de la crisis y la corrupción en España
Greenpeace denunció, en un informe publicado este miércoles, las consecuencias de la crisis y los escándalos de corrupción en España, en materia de protección del subsuelo, litorales, sanidad o lucha contra los incendios.
Greenpeace denunció, en un informe publicado este miércoles, las consecuencias de la crisis y los escándalos de corrupción en España, en materia de protección del subsuelo, litorales, sanidad o lucha contra los incendios.
La oenegé de defensa del medio ambiente analiza las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular en el poder en Madrid desde 2011 y la situación de cada una de las 17 regiones del segundo país más visitado de Europa por detrás de Francia.
El medio ambiente es "una de las principales víctimas de la crisis" que estalló a finales de 2008 y se alargó hasta 2013.
"Los casos de corrupción se cuentan ya por centenares y detrás de ellos quedan los impactos al medio ambiente con espacios naturales llenos de hormigón o suelos contaminados por enterramientos ilegales de residuos peligrosos", afirma el informe. "Las puertas giratorias en casi todos los sectores" acaban por crear "círculos viciosos donde los políticos gobiernan en favor de las empresas", añade.
"Las políticas que está llevando a cabo el gobierno han estado eliminando y rebajando leyes que eran buenas", dice a la AFP el portavoz de Greenpeace España, julio Barea, recordando la "alfombra roja" para la búsqueda de gas por medio del "fracking" o las prospecciones petroleras en el mar.
Estos proyectos han suscitado una fuerte oposición y los intentos de al menos ocho regiones de prohibir el 'fracking'. Cataluña ha ganado por ahora en los tribunales. Las prospecciones petroleras frente a las islas Canarias, en el Atlántico, también suscitaron una fuerte movilización.
España, al contrario que Francia o Alemania, autorizó el cultivo de transgénicos "a una escala importante", según Greenpeace, que denunció también la contaminación de Madrid (18ª en una clasificación de 23 ciudades europeas), las consecuencias sanitarias de las centrales térmicas (535 muertes prematuras en 2013), el abandono de la pesca artesanal (-52.000 empleos entre 1992 y 2012), la reducción de los presupuestos para la lucha contra los incendios (de 130 a 100 millones en Andalucía entre 2006 y 2014).
Greenpeace denuncia por último la corrupción, señalando que solo en 2011 había en marcha 1.754 casos judiciales relacionados con presuntas ilegalidades en materia de urbanismo.
La oenegé marca algunos "puntos positivos", como la fuerte movilización de la sociedad "para proponer alternativas y exigir cambios", la recogida selectiva de basura en municipios de Baleares, País Vasco y Cataluña o la importante agricultura biológica en Andalucía.
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