Desde Tegucigalpa (AFP)

Extienden prisión preventiva a acusado por asesinato de ambientalista en Honduras

Las autoridades judiciales hondureñas extendieron este viernes la prisión preventiva del quinto acusado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, al encontrar indicios racionales de su participación en el crimen, informó a la AFP una portavoz oficial.

20 de mayo de 2016

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Manifestación en reclamo de justicia tras la muerte de la ecologista Berta Cáceres el 14 de abril de 2016 en Tegucigalpa - AFP/AFP/Archivos

Las autoridades judiciales hondureñas extendieron este viernes la prisión preventiva del quinto acusado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, al encontrar "indicios racionales" de su participación en el crimen, informó a la AFP una portavoz oficial.

"A Emerson Duarte se le amplió la prisión preventiva porque el juzgado encontró indicios racionales suficientes en el delito de asesinato (de Berta Cáceres) e intento de asesinato" del mexicano Gustavo Castro, dijo la portavoz del juzgado de Tegucigalpa, Barbara Castillo.

Añadió que después de la audiencia celebrada este viernes, Duarte fue remitido a la Penitenciaría Nacional en Támara, 20 km al norte de la capital, donde permanece detenido.

Duarte fue capturado el 7 de mayo en el caribeño puerto de La Ceiba como presunto responsable de portar el arma homicida de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

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Emerson Duarte Mesa, sospechoso de haber asesinado a la líder ambientalista Berta Cáceres, en su llegada a declarar a un juzgado de Tegucigalpa el 16 de mayo de 2016 (AFP/AFP)

Anteriormente, el 2 de mayo, fueron arrestadas cuatro personas sospechosas de participar en el crimen: Edilson Atilio, hermano gemelo de Duarte; el miembro de las Fuerzas Armadas Mariano Díaz Chávez, el policía retirado Douglas Geovanny Bustillo y el gerente ambiental de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), Sergio Rodríguez.

Cáceres fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde hirieron también al mexicano que la acompañaba en su vivienda.

La ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus reiteradas denuncias de amenazas de muerte de parte de personal de DESA, por rechazar la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, que abastece de agua a las comunidades indígenas del oeste de Honduras.


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