El parlamento de Singapur votó una ley para impedir las injerencias extranjeras en su política interna, que despertó críticas de la oposición y de defensores de derechos la ven como un instrumento represor.
La ley permite a las autoridades obligar a los proveedores de internet y a las redes sociales a entregar informaciones sobre sus usuarios, bloquear algunos contenidos y retirar aplicaciones usadas para difundir contenidos juzgados como "hostiles".
Además, grupos o personas implicadas en política local pueden ser designadas como "personalidades de carácter político importante", lo que las obligará a desvelar sus fuentes de financiación y las someterá a otras medidas para reducir el riesgo de interferencia extranjera.
Quienes violen estas nuevas reglas se arriesgarán a penas de cárcel e importantes multas.
Los defensores de derechos humanos alertaron que estas medidas son la última piedra de la draconiana legislación desplegada progresivamente en esta ciudad-Estado del sureste asiático, a menudo acusada de reprimir las libertades civiles.
El ministro de Interior y Justicia, K. Shanmugam, defendió en el Parlamento que Singapur era vulnerable "a campañas de información hostiles" dirigidas desde el extranjero por agentes locales y señaló que "internet ha creado un importante nuevo medio de subversión".
Su Partido de Acción Popular (PAP), que gobierna Singapur desde hace seis décadas y es mayoritario en el Parlamento, aprobó el texto que fue adoptado por 75 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
Phil Robertson, director adjunto de Human Rights Watch para Asia, acusó a Singapur de usar el miedo a interferencias extranjeros "para justificar el refuerzo de la represión".