El Gobierno de Uruguay trabaja en un proyecto de ley que regulará a todas las aplicaciones informáticas, incluidas Uber y Airbnb, y planea crear una policía administrativa que controle a todas aquellas que usen mano de obra local.
El gobierno de Uruguay trabaja en un proyecto de ley que regulará a todas las aplicaciones informáticas, incluidas Uber y Airbnb, y planea crear una "policía administrativa" que controle a todas aquellas que usen mano de obra local.
"Estamos elaborando un proyecto de ley que regulará la actividad de las aplicaciones informáticas", dijo el domingo el presidente Tabaré Vázquez durante una recorrida por Paysandú (norte), en el marco del Consejo de Ministros que se realiza este lunes en esa zona.
"Creemos que el camino no pasa por prohibir, prohibir y prohibir, sino que debe haber una ley que establezca el cumplimiento de normativas y para ello hay que dotar a las autoridades con la competencia para controlar", agregó el mandatario.
Vázquez se refirió específicamente a la conocida aplicación estadounidense para el transporte de pasajeros Uber: "Esta empresa irrumpió intempestivamente infringiendo todas las normas que se les exige, por ejemplo, al sector de los taxímetros o de las empresas de remises".
Por su parte, Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia, manifestó que si estas empresas quieren trabajar mediante una aplicación informática, "deberán cumplir con la ley como el resto de los trabajadores y empresarios".
Y señaló la intención de "generar una policía administrativa" que controle "que cualquier aplicación informática que utilice mano de obra se ajuste a las normativas vigentes".
A mediados de enero, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, había dicho a un diario local que el Ejecutivo buscaba "formalizar" Airbnb, aplicación de alquiler de habitaciones o casas, a través del pago de impuestos.
En ese sentido, la jerarca mantuvo una reunión con representantes de la empresa y está a la espera de una respuesta. "Se mostraron afines a poder tributar y a hacerse legales, pero todavía no nos han entregado esa propuesta", dijo la ministra.
En diciembre, el Gremio Único del taxi (CPATU) le ofreció dinero al intendente (alcalde) de Montevideo para controlar y multar a los vehículos que operan a través de Uber.
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