El Congreso de EEUU aprueba definitivamente la ley de finanzas

El Congreso de Estados Unidos aprobó definitivamente el sábado la ley sobre financiación del Estado federal hasta 2015 por un monto de 1,014 billones de dólares, evitando que las instituciones federales resultaran afectadas.

Tras una obstrucción simbólica de varios senadores republicanos del Tea Party, el Senado aprobó finalmente la ley de financiación del Estado federal (octubre 2014-septiembre 2015) por 56 votos contra 40, en una inusual sesión celebrada el fin de semana.

Por precaución, el Senado se había otorgado eñ sábado cuatro días más para adoptar la ley, que había sido aprobada en la noche del jueves por la Cámara de Representantes.

La aprobación por parte de las dos cámaras del Congreso era necesaria para que las instituciones federales permanecieran abiertas la próxima semana y evitar una parálisis presupuestaria.

Sin embargo, esta ley otorga financiación solo hasta febrero al departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por lo que el controvertido plan de inmigración del presidente Barack Obama deberá pasar a principios del próximo año por el nuevo Congreso, dominado por los republicanos.

Para el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, esta ley es imperfecta, pero era necesaria. "Desde el 2011, el congreso ha sorteado una crisis tras otra, con el país bajo una constante amenaza de parálisis o de catástrofe financiera. Es una hábito malo, los estadounidenses están hartos", afirmó.

El senador John Cornyn, número dos del liderazgo republicano en la cámara alta, destacó que la ley proyecta "recortes para las agencias más sobrecargadas, como la autoridad fiscal (IRS) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA), y además bloquea un plan para transferir a peligrosos terroristas a suelo estadounidenses, desde Guantánamo.

La ley de finanzas, fruto de meses de negociación entre demócratas y republicanos, superó la oposición de los demócratas que protestaban contra la inclusión en el último minuto de una medida que debilita una reglamentación impuesta a los bancos en el marco de la reforma financiera Dodd-Frank en 2010, que atañe a algunos productos derivados.

De los 40 representantes que votaron en contra, de los cuales 22 eran demócratas, muchos dijeron estar furiosos porque los negociadores insertaran cuestiones controvertidas dentro del paquete. El senador demócrata Richard Blumenthal votó en contra, afirmando que "el paquete está envenenado con favores especiales que son flagrantemente contrarios al interés público".

En octubre de 2013, en medio de una feroz batalla parlamentaria, las administraciones federales se vieron obligadas a mandar a sus casas a cientos de miles de funcionarios federales durante 16 días, a la espera de que se alcanzara un compromiso presupuestario.