Corte suprema brasileña ordena arrestar a un dueño del frigorífico JBS

Un juez de la corte suprema brasileña ordenó arrestar a Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, por supuestamente ocultar información a la justicia en el acuerdo de colaboración que fundamentó la acusación de corrupción contra el presidente Michel Temer.

Existen "indicios suficientes de que los colaboradores omitieron, en el momento de la formalización del acuerdo de colaboración premiada, informaciones que estaban obligados a prestar", dijo el juez Edson Fachin en su decisión, que también alcanza a Ricardo Saud, otro ejecutivo de JBS, y a la que accedió la AFP.

Tanto Batista como Saud permanecerán detenidos por cinco días, en principio, según el dictamen del juez, que atendió un pedido de la fiscalía general, responsable del acuerdo.

Fachin rechazó, sin embargo, la solicitud de detener al exprocurador Marcello Miller, que dejó la fiscalía y pasó a asesorar a JBS, y que los investigadores sospechan habría orientado ilegalmente a la empresa cuando aún era funcionario público.

El acuerdo JBS dio pie a la primera acusación de un crimen común contra un presidente en ejercicio de la historia del país. Pero pronto entró en zona de turbulencias y el lunes pasado, el fiscal general Rodrigo Janot ordenó investigar si los delatores omitieron contar otros delitos que habrían cometido.

Fachin suspendió preventivamente parte de los beneficios del acuerdo, que permitieron a Batista y Saud conservar su libertad.

Además del compromiso de que confesaran todo lo que sabían, el holding J&F -que controla a JBS- fue obligado a pagar una multa récord de más de 3.000 millones de dólares.

Janot denunció en junio a Temer por "corrupción pasiva", en base a una conversación grabada por Batista en la que el mandatario parecía consentir el pago de un soborno a un diputado preso para comprar su silencio.

Pero la Cámara de Diputados rechazó encaminar el pedido a la corte suprema y el caso quedó bloqueado.

Janot, que finaliza su periodo de cuatro años como fiscal general el próximo 17 de septiembre, tuvo una gestión caracterizada por haber denunciado a importantes figuras políticas.

En los últimos días acusó por diversos cargos al expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva, a su sucesora Dilma Rousseff, a dirigentes del Partido de los Trabajadores -en el que ambos militan-, y a la cúpula en el Senado del PMDB, fuerza política de Temer.