Desde Buenos Aires (AFP)

Argentina pide a la Justicia anular acuerdo de Citibank con fondos buitre

El gobierno argentino reclamó el miércoles a la Justicia que anule o al menos suspenda un acuerdo firmado por el estadounidense Citibank con fondos buitre (especulativos) por atentar contra los clientes del banco y la soberanía del país.

8 de abril de 2015

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Una vista general del estadounidense Citibank, en Washington, el 30 de diciembre de 2014 - AFP/AFP/Archivos

El gobierno argentino reclamó el miércoles a la Justicia que anule o al menos suspenda un acuerdo firmado por el estadounidense Citibank con fondos "buitre" (especulativos) por atentar contra "los clientes del banco y la soberanía" del país.

"Pedimos que el acuerdo (Citibank-fondos) sea declarado ilegal, nulo, inexistente en Argentina. Pedimos inicialmente una medida cautelar para que se supenda de inmediato su aplicación", dijo el ministro de Economía, Axel Kicillof en conferencia de prensa en la sede de la cartera.

El acuerdo con el grupo que lidera el fondo NML, del financista Paul Singer, implicó un permiso al Citibank para pagar un vencimiento de la deuda a pesar de que la Justicia de Nueva York lo había inhibido en represalia por un impago de 1.330 millones de dólares.

A cambio de facilitar el pago, con la anuencia del juez de Nueva York Thomas Griesa, el Citibank se comprometió a abandonar en Argentina su negocio de custodia de títulos, lo que le mereció una sanción del gobierno suspendiendo su operatoria en mercado de capitales, aunque sigue trabajando en el sector minorista.

"El acuerdo no tiene ninguna validez en el territorio argentino. Vamos a pedir que se declaren nulos todos los actos jurídicos que el Citibank Argentina tomó en aplicación de ese pacto firmado en Nueva York", dijo Kicillof.

El fondo NML forma parte de un 7% de acreedores que rechazaron adherir a los canjes de 2005 y 2010 para la reestructuración y normalización del default argentino declarado en 2001.

El 93% aceptó los canjes, y aunque algunos de los pagos de intereses el Gobierno los depositó en tiempo y forma, el juez Griesa impidió el cobro como castigo.

Casi 600 millones de dólares en intereses de los bonos reestructurados permanecen ahora en mora desde mediados de 2014.


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