La banca en la economía peruana

En 1987, el gobierno de García intentó nacionalizar los bancos del Perú, instituciones financieras y compañías de seguros.


Bajo la legislación aprobada por el Congreso a pesar de un fallo judicial en contra de las propuestas del gobierno, el gobierno era mantener el 70 por ciento de las acciones de los bancos nacionalizados, con el 30 por ciento restante a la venta al público.

La legislación excluía bancos extranjeros que operan en el Perú desde el programa de nacionalización, pero les prohibió la apertura de las nuevas sucursales en el Perú. Este conjunto de propuestas estimulado la oposición generalizada del público y provocó una ruptura de la cooperación entre los empresarios y el gobierno.

La inversión privada cayó bruscamente. García trató de perseguir a la nacionalización, a pesar de toda la oposición, pero los fallos judiciales adversos retrasando la implementación y finalmente mató a las propuestas.

A principios de 1991, el sistema financiero de Perú incluye cuatro bancos de desarrollo, veintidós bancos comerciales, ocho empresas de crédito (las financieras de Crédito), de ahorro y préstamo de quince mutuales (mutuales), doce instituciones municipales de ahorro y préstamos y los ahorros Banco de Lima (Caja de Ahorros de Lima). En mayo de 1991, el gobierno de Fujimori presentó un nuevo paquete de medidas económicas destinadas a liberalizar el sistema bancario.

El gobierno suspendió las competencias del Banco Central de Reserva (Banco Central de Reservas o BCR - en adelante el Banco Central) para establecer las tasas de interés y les permitió a flotar de acuerdo a las fuerzas del mercado. También se estipula que en los bancos extranjeros en el futuro sería capaz de operar en Perú bajo las mismas condiciones que los bancos peruanos. Además, se modificó la Ley de Reforma Agraria de 1969, al permitir a los agricultores a poner su tierra como garantía para préstamos bancarios.

Cuando entró en vigor en junio de 1991, la nueva ley bancaria sacudió el sector de la banca estatal, que emplea a 20.000 personas e incluye seis bancos de propiedad estatal. La nueva ley elimina los bancos especializados, empresas de crédito, y las mutuas de préstamos hipotecarios, lo que obligó a reorganizar los bancos comerciales.

 

Fuente: Rex A. Hudson, ed. Peru: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1992.




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