Petrobras prohíbe nuevos contratos con constructoras acusadas de corrupción

La brasileña Petrobras prohibió participar en nuevas licitaciones a las principales constructoras del país acusadas de pagar sobornos por contratos a la petrolera estatal, mientras transcurre la investigación sobre este sonado escándalo de corrupción.

Las autoridades investigan un supuesto cartel de empresas privadas que recibían contratos a cambio de millonarios sobornos a intermediarios --incluidos jerarcas de la petrolera-- y políticos.

Petrobras cita 23 empresas, entre ellas Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Correa, que "estarán temporalmente impedidas de ser contratadas y de participar en licitaciones" de la estatal, según un comunicado emitido el lunes.

Estas medidas "tienen la finalidad de resguardar a la compañía y sus socias de daños de difícil reparación financiera y perjuicios a su imagen", añadió.

Además del "bloqueo cautelar" a etas empresas, la directiva de Petrobras aprobó la conformación de comisiones de análisis para la aplicación de sanciones.

El manual de la empresa para la "prevención de corrupción" estipula la "aplicación de sanciones a proveedores que no actúen de acuerdo con el código de ética".

Petrobras necesita a estas grandes empresas para alcanzar su meta de duplicar la producción de petróleo para 2020 y convertirse en un país exportador, gracias a las reservas del "presal", los yacimientos de crudo en aguas ultraprofundas brasileñas.

La presidenta de la estatal, Graça Foster, sostuvo recientemente que "la gran amenaza a la curva de producción" de Petrobras es justamente la imposibilidad de trabajar con estas empresas acusadas de corrupción. Si no puede contar con ellas, habrá que llamar a un sinfín de licitaciones internacionales, alertó.

La justicia procesa a 39 presuntos implicados en la trama. El delator, un exdirectivo de Petrobras que colabora con las autoridades a cambio de una rebaja de la pena, vinculó a la red de corrupción a decenas de políticos, muchos de ellos cercanos a Rousseff, mientras la policía estimó que el esquema movió unos 4.000 millones de dólares en la última década.

La empresa además enfrenta demandas de inversionistas internacionales, y calificadoras de riesgo aseguran que el escándalo puede afectar su calidad crediticia y en consecuencia, sus planes de inversión.