Una comisión del Congreso recomendó el jueves procesar a 52 personas involucradas en el escándalo de corrupción en Petrobras, pero no consideró el pedido de la oposición para responsabilizar a la mandataria brasileña Dilma Rousseff o a la presidenta de la estatal, Graça Foster.
Una comisión del Congreso recomendó el jueves procesar a 52 personas involucradas en el escándalo de corrupción en Petrobras, pero no consideró el pedido de la oposición para responsabilizar a la mandataria brasileña Dilma Rousseff o a la presidenta de la estatal, Graça Foster.
El informe de la comisión que investigó las denuncias de corrupción que envuelven a la mayor empresa del país tampoco incluye a político alguno en sus acusaciones.
La mayoría de los acusados son actualmente procesados por la justicia, incluidos dos exdirectores de Petrobras acusados de recibir coimas a cambio de otorgar contratos: Paulo Roberto Costa, que dirigía el área de abastecimiento, hoy en prisión domiciliaria, y Néstor Cerveró, jefe del área internacional.
También ha sido implicado el exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque, y los exgerentes Pedro Barusco -quien hasta ha prometido a la justicia devolver unos 100 millones de dólares a las arcas públicas- y Silas Oliva.
Otros acusados son los empresarios que habrían formado un cártel para distribuirse contratos con Petrobras, y Alberto Youssef, acusado de lavar el dinero de las coimas.
El informe fue aprobado por la mayoría oficialista. Dejaron de lado otros documentos presentados por la oposición que pedían responsabilizar a Rousseff por la compra sobrevalorada de la refinería Pasadena, en Texas (EEUU), cuando ella presidía el Consejo de Administración de Petrobras, en 2006.
También se rechazó el pedido para denunciar a Graça Foster.
El informe consideró que la compra de Pasadena causó un perjuicio a la firma. Para el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador de los gastos del Gobierno, el daño de esta operación llegó a unos 660 millones de dólares.
Petrobras compró 50% de Pasadena en 2006 a la belga Astra Oil por 360 millones de dólares. En 2008 debió comprar la otra mitad debido a una cláusula que les obligaba a hacerlo si había desacuerdo entre los socios.
Pagó en total 1.200 millones de dólares.
En su momento, Rousseff aclaró que esa compra fue autorizada por el organismo colegiado (directores y Consejo de Administración) y que no fueron informados de las cláusulas que podían obligar a Petrobras a comprar el 100%.
Decenas de políticos de tres partidos, incluido el Partido de los Trabajadores de Rousseff (PT, en el poder hace 12 años), han sido implicados en el escándalo por delatores como Costa y Youssef, pero hasta ahora ninguno fue acusado formalmente.
La policía estima que la operación movilizó más de 4.000 millones de dólares en una década.
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