La plataforma española de reparto a domicilio Glovo anunció el lunes el despido de 250 trabajadores, principalmente de su sede en Barcelona, por las dificultades que afronta el sector en un contexto, sostuvo, de incertidumbre económica.
La plataforma española de reparto a domicilio Glovo anunció el lunes el despido de 250 trabajadores, principalmente de su sede en Barcelona, por las dificultades que afronta el sector en un contexto, sostuvo, de incertidumbre económica.
Estos despidos significarán una reducción "de nuestro equipo de 6,5%", explicó el presidente de Glovo, Oscar Pierre, en un mensaje a los empleados difundido por la empresa.
El recorte afectará "en gran medida a la sede central de la empresa en Barcelona, en áreas como funciones de apoyo al negocio, contratación y datos", pero "no afectará a mensajeros, recolectores ni empleados de primera línea", añade la carta.
Pierre justificó los despidos porque "la actual situación macroeconómica, con la subida de los tipos de interés y la inflación, reduce el poder adquisitivo de los consumidores, y algunos optan por hacer pedidos con menos frecuencia".
El anuncio se produce menos de una semana después de que las autoridades impusieran una nueva multa a Glovo por usar a trabajadores independientes como repartidores cuando debería haberlos tenido como asalariados.
Según un portavoz de la empresa, los despidos no guardan relación con la multa.
Esta multa, de 57 millones de euros (62 de dólares), eleva a 205 millones el total de las multas impuestas a Glovo, que el pasado verano (boreal) fue adquirida por la empresa alemana Delivery Hero, tras la entrada en vigor de una ley laboral para este sector conocida como "ley Rider".
Esta ley del gobierno de izquierdas introducía una "presunción de laboralidad" para todos los repartidores que responden a aplicaciones de reparto a domicilio, como Uber Eats y Glovo. Ello significó la contratación de miles de ellos.
Sin embargo, Glovo aceptó tener en plantilla a los repartidores de sus supermercados en línea, pero mantuvo como independientes a los repartidores de comida preparada, basándose en un nuevo estatuto que reforzaba su autonomía.
Ello llevó a los dos grandes sindicatos españoles, UGT y CCOO, a recurrir a la inspección de trabajo y al gobierno a alzar el tono. Ninguna empresa en España "se va a quedar al margen de la ley", advirtió el martes pasado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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