Representantes de la comunidad indígena Krenak se enfrentaron el martes por primera vez en un tribunal de justicia británico al gigante minero angloaustraliano BHP, en el marco de una demanda colectiva por la peor catástrofe medioambiental en la historia de Brasil.
Representantes de la comunidad indígena Krenak se enfrentaron el martes por primera vez en un tribunal de justicia británico al gigante minero angloaustraliano BHP, en el marco de una demanda colectiva por la peor catástrofe medioambiental en la historia de Brasil.
Cinco líderes Krenak quisieron estar presentes en los dos días de vistas preliminares ante la jueza Finola O'Farrell de la Alta corte de Londres, al término de los cuales esperan que se fije una fecha para el inicio del juicio en 2023.
Tomando tres aviones desde Governador Valadares a Londres, el martes comparecieron en el tribunal, algunos con sus tocados de plumas tradicionales, todos con gruesos abrigos contra el frío glacial que sacude el Reino Unido, aunque en este estadio inicial no deben testificar.
"Queremos luchar no sólo por la comunidad Krenak, sino por el resto de las personas afectadas", explicó a AFP Marcelo Batista Santana, de 31 años, presidente del consejo sanitario de un poblado de unos 600 habitantes, y yerno de la matriarca Djanira de Souza Crenaque, que a sus 72 años también efectuó el viaje de casi dos días.
"Estamos aquí para que se respeten nuestros derechos y para que se respete a nuestra comunidad, algo que no ha ocurrido desde que se derrumbó la represa", agregó.
El 5 de noviembre de 2015 el dique minero Fundão, cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el estado de Minas Gerais, se rompió liberando más de 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.
El alud de lodo recorrió 650 km por el Rio Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en las tierras de los Krenak, que ahora no pueden acceder a las aguas contaminadas de un río esencial para su pueblo.
"Nuestra gente siempre ha tenido una relación espiritual y cultural con el río, que siempre ha estado ahí para protegernos" como un dios, afirma Batista, que junto a los otros cuatro líderes indígenas se reunirá el miércoles con un grupo de diputados británicos para explicarles su situación.
Ahora "los ancianos sufren porque echan de menos el río y los jóvenes sufren porque no llegan a conocer el río (...) y crecen sin saber cómo era formar parte de esa cultura", agrega.
- Juzgar en Londres bajo la ley brasileña -
Los demandantes, cerca de 200.000 individuos y entidades de Brasil, que incluyen empresas, asociaciones religiosas y municipalidades, reclaman una compensación de BHP como propietario al 50%, junto a la minera brasileña Vale, de la empresa Samarco a la que pertenecía el dique.
BHP "niega las acusaciones en su totalidad" y argumenta que se han desembolsado 11.500 millones de reales (2.160 millones de dólares) en indemnizaciones y ayudas financieras de emergencia a más de 400.000 personas a través de la Fundación Renova, que gestiona la reparación y compensación.
"Creemos que la demanda colectiva es innecesaria ya que duplica cuestiones cubiertas por la labor de la Fundación Renova (bajo supervisión de los tribunales brasileños) y otros procedimientos legales en Brasil", afirmó su portavoz londinense Neil Burrows.
Para llegar hasta aquí la demanda colectiva tuvo que superar cuatro años de viacrucis jurídico.
En noviembre de 2018 los abogados presentaron una de las mayores demandas en la historia judicial británica, reclamando a BHP unos 5.000 millones de libras (6.000 millones de dólares), ante un tribunal de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.
Pero un juez estimó que no tenían derecho a litigar en Inglaterra y el caso fue cerrado en 2020.
Sin embargo, un año después lograron una inusual moción para reabrirlo, apelaron y en abril de 2022 obtuvieron que la justicia de Inglaterra se declarara competente pese a que la catástrofe ocurrió en otro país y la jueza deberá basar su futuro fallo en una legislación extranjera.
"Dado que la catástrofe tuvo lugar en Brasil, la ley aplicable es la ley brasileña", explica el abogado Tom Goodhead. Pero "los tribunales ingleses están muy acostumbrados a proceder así", asegura, ya que "la ley que se aplica es la del país donde ocurrieron los hechos".
Otros grupos protegidos por la Constitución brasileña, como los indígenas Guarani, Tupiniquim, Pataxó y la comunidad Quilombola descendiente de esclavos afrobrasileños, se sumarán a la causa en febrero, agrega.
La fiscalía de Minas Gerais estima que hubo unos 700.000 damnificados y para el gabinete jurídico Pogust Goodhead las indemnizaciones ha sido muy insuficientes.
Pero su anhelo aún puede verse frustrado por BHP, que pidió autorización al Tribunal Supremo británico para recurrir la jurisdicción.
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