Familia propietaria de farmacéutica Purdue acuerda pagar USD 6.000 millones por crisis de opioides

La familia Sackler, propietaria de la farmacéutica Purdue, acusada de fomentar la crisis de los opioides en Estados Unidos, alcanzó este jueves un acuerdo con los estados que habían rechazado un arreglo previo, para pagar hasta 6.000 millones de dólares.

Dicho acuerdo, que todavía debe ser aprobado por el juez de quiebras, sigue ofreciendo cierta inmunidad a los miembros de la familia Sackler pero aumenta el monto que aceptan pagar.

Una versión precedente del plan, aprobado en septiembre, fue respaldada por 40 estados estadounidenses, pero había sido rechazada por otros nueve.

El primer acuerdo, alegaban, no permitía hacer oír a las víctimas ni, eventualmente, demandar a la familia Sackler en los tribunales civiles. Los miembros de la familia pueden seguir siendo objeto de demandas penales.

Para superar las reticencias de estos estados, la familia Sackler ha aceptado finalmente pagar al menos 5.500 millones de dólares e incluso hasta 6.000 millones en función de la venta de las actividades del laboratorio en el extranjero.

Hasta ahora, había propuesto pagar 4.300 millones de dólares además de los 225 millones ya pagados al Departamento de Justicia.

"Este acuerdo es a la vez importante e insuficiente", dijo el fiscal de Connecticut, que se había opuesto al primer plan.

Pero el estado "no puede bloquear este proceso indefinidamente en la medida en que las víctimas y los otros estados esperan una solución".

- Audiencia pública -

Otras empresas han sido acusadas de haber alimentado la crisis de los opioides, que ha matado a más de 500.000 personas en veinte años.

Pero se acusa a Purdue de haber sido el primer laboratorio en incitar a los médicos a recetar OxyContin a partir de los años 90, pese a tener conocimiento del poder adictivo de este poderoso analgésico.

El laboratorio Purdue se había declarado en quiebra en septiembre de 2019 y propuso un plan para saldar la avalancha de litigios que le acosaba y se declaró culpable.

Revisado varias veces, el plan de quiebra prevé el cierre de la propia Purdue para 2024 en Estados Unidos en beneficio de una nueva entidad gestionada por un fideicomiso.

Además de restringir la venta de OxyContin solo con fines "legítimos", la farmacéutica debe proporcionar, gratuitamente o a precio de costo, medicamentos contra las sobredosis y tratamientos contra la dependencia de los opioides.

El plan de quiebra prohíbe también a los miembros de la familia Sackler implicarse en una actividad relacionada con los opioides.

Una jueza estadounidense invalidó en diciembre este plan, al estimar que el juez de quiebras que había dado su acuerdo en septiembre no tenía autoridad para impedir eventuales futuras demandas en el plan civil contra los miembros de la familia.

Purdue recurrió y la apelación proseguirá su curso, sin impedir, a priori, que se ponga en marcha el nuevo acuerdo.

En un mensaje, la familia Sackler rechazó de nuevo cualquier responsabilidad jurídica, al estimar que sus miembros "actuaron conforme a la ley en todos sus aspectos".

Aunque aseguró "lamentar sinceramente" que OxyContin "haya contribuido de manera inesperada a la crisis de los opioides", en un excepcional reconocimiento público del potencial papel del analgésico en la crisis sanitaria.

La familia, conocida por su generosidad filantrópica, también aceptó no oponerse a la retirada de su nombre de los edificios y becas que ayudó a financiar.

Instituciones como el célebre Museo Metropolitano de arte de Nueva York, deseoso de cortar cualquier vínculo con un símbolo tóxico, ya había retirado el nombre de la familia de varias salas que había financiado.

El mediador nombrado a principios de enero para conducir las negociaciones entre las diferentes partes también alentó al juez de quiebras a que fuerce a la familia a participar en una audiencia pública en la que puedan participar las víctimas o sus allegados.

Poco a poco se empiezan a ver resultados a las numerosas demandas relacionadas con la crisis de los opioides.

El fabricante de medicamentos Johnson & Johnson (J&J) y tres grandes distribuidores, McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, aceptaron recientemente el pago de 24.500 millones de dólares para poner fin a las demandas en la justicia.