Acuerdo para reformar el cálculo de las pensiones en España

El gobierno de izquierda español anunció el viernes un acuerdo sobre el cálculo de las pensiones, tal y como exigía Bruselas a cambio de fondos del plan de recuperación europeo, lo que reforzará los ingresos del sistema gracias a las cotizaciones de los mayores salarios.

Ante la necesidad de reequilibrar el sistema de pensiones, amenazado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, el Ejecutivo anunció en noviembre de 2021 un acuerdo para incrementar las aportaciones sociales sin retrasar la edad de jubilación, que pasará a 67 años en 2027.

Pero desde entonces el gobierno del presidente Pedro Sánchez no llegaba a un acuerdo sobre el periodo de la vida laboral computado para las pensiones, un tema que generaba tensión entre los socialistas de Sánchez y sus socios de la izquierda radical de Podemos.

El mecanismo finalmente adoptado prevé que la cuantía de las pensiones se calcule, según se elija, sobre la base de los últimos 25 años de cotización (como ocurre actualmente) o de los últimos 29 años, excluyendo en este segundo caso los dos peores años.

También prevé aumentar la base de cotización, es decir, la parte del salario sobre la que cotizan los empleados, elevando el límite máximo a partir del cual se deja de deducir a los empleados de 4.139 a 4.495 euros mensuales (de 4.415 a 4.795 dólares), con el fin de generar ingresos adicionales.

Asimismo, se duplicará a partir de 2029 la tasa de aportación al llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que alimenta un fondo de reserva ideado para hacer frente a las jubilaciones de la generación de los "baby boomers".

Esta reforma, avalada por Bruselas, "va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas (y) va a reforzar la equidad del sistema y garantizar [su] sostenibilidad" en las décadas venideras, se congratuló Pedro Sánchez en una rueda de prensa.

En un comunicado conjunto, los dos principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, dijeron valorar "positivamente la propuesta de reforma", que permitirá "mejorar la expectativa de pensión de los colectivos de personas trabajadoras con carreras de cotización más inestables".

Pero la patronal CEOE mostró su "más frontal oposición", ya que a su juicio el sostenimiento del sistema recaerá "en los trabajadores y las empresas (...) mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo".

Este nuevo método de cálculo era una de las principales contrapartidas exigidas por Bruselas a cambio de los fondos del megaplan europeo de recuperación, del que España es uno de los principales beneficiarios, con 140.000 millones de euros.

El problema de las pensiones se agudiza en España por la baja natalidad (1,23 hijos por mujer) y una expectativa de vida superior a los 83 años.